El presidente Luis Abinader salió al frente de las críticas de la oposición al endeudamiento de su gestión, defendiendo que la mayoría de los préstamos adquiridos por su administración han sido para refinanciar obligaciones heredadas y retando a un debate público claro sobre las cifras.
Durante su intervención en La Semanal con la Prensa, el mandatario sostuvo que “las mentiras no llegan muy lejos” al referirse a denuncias de que su gobierno ha elevado excesivamente la deuda pública. Afirmó que el 80 % de los préstamos tomados desde 2020 han servido para pagar obligaciones adquiridas por los gobiernos del PLD, y retó públicamente a sus detractores a demostrar lo contrario.
Abinader, además, presentó una comparativa histórica sobre el comportamiento de la deuda del sector público no financiero:
Durante el gobierno de Leonel Fernández (2004-2012), la deuda pasó de 28,4 % a 30,5 % del PIB.
En la gestión de Danilo Medina (2012-2020), aumentó de 30,5 % a 49,7 % del PIB.
En su propio período, aseguró que la deuda pasó de ese 49,7 % a 46,9 % del PIB, lo que interpretó como reducción en términos relativos.
El jefe de Estado acusó a la oposición de “jugar con números absolutos” que favorecen automáticamente al gobierno más reciente —por crecimiento económico y acumulación del paso del tiempo— y remarcó que los debates deben centrarse en cifras relativas al PIB.
Aun así, los críticos observan que, aunque la administración insiste en mejoras relativas, el endeudamiento absoluto ha crecido sustancialmente desde su llegada al poder. Según datos públicos, la deuda del sector público no financiero aumentó de aproximadamente US$ 44,621 millones en 2020 a cifras más altas recientes.
Este cruce verbal marca una escalada en la pugna política rumbo a 2028, al poner sobre la mesa un tema sensible de gestión pública: la sostenibilidad de la deuda, la transparencia en las cifras y la rendición de cuentas frente al electorado.
Contexto político y riesgos
- En términos absolutos, es previsible que cada administración registre montos mayores de deuda, por efecto del crecimiento económico y de nuevas necesidades de financiamiento.
- Sin embargo, los argumentos en torno al porcentaje del PIB alimentan la narrativa de una gestión responsable frente a la carga heredada de pasadas administraciones.
- La oposición podría responder con auditorías, observatorios ciudadanos o cuestionamientos legales sobre costos financieros, tasas de interés y destino de los préstamos.
- Este debate puede marcar la agenda del próximo ciclo electoral, al centrar la atención en transparencia, disciplina fiscal y legitimidad del manejo del erario público.
