Santo Domingo, República Dominicana. El presidente Luis Abinader dispuso que la totalidad de los ingresos generados por los consulados dominicanos en el exterior pasen a formar parte del Estado, como parte de una nueva fase de la reforma del servicio exterior orientada a optimizar recursos y fortalecer la transparencia.
La medida establece que todos los fondos recaudados por servicios consulares serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), lo que permitirá un manejo centralizado bajo criterios de control, supervisión y rendición de cuentas. Con esta disposición, el Gobierno busca garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos y facilitar la expansión de servicios consulares en zonas donde la diáspora dominicana lo requiera.
Esta transformación forma parte de un proceso más amplio de modernización institucional que impulsa el Poder Ejecutivo, con el objetivo de ordenar y profesionalizar el funcionamiento del servicio diplomático y consular, integrando sus operaciones bajo estándares más estrictos de gobernanza.
Como parte de las medidas complementarias, también se contempla la implementación de una escala salarial más equitativa para el personal consular, en condiciones similares a las del servicio diplomático, con el fin de corregir distorsiones históricas y garantizar mayor justicia laboral.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará reorganizando la estructura de los consulados con base en criterios de eficiencia operativa y atención al ciudadano, promoviendo una red consular más funcional y alineada con las necesidades de los dominicanos en el exterior.
El nuevo sistema será aplicado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares del país, asegurando una transición ordenada y sostenible en el tiempo.
Esta reforma se enmarca en la estrategia gubernamental vinculada al proyecto Meta RD 2036, que busca impulsar el crecimiento económico y duplicar el producto interno bruto en la próxima década, así como en los esfuerzos del país por cumplir con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de gestión pública.
