Santo Domingo.– El Consejo Nacional de Comercio en Provisiones (CNCP) reiteró su llamado al presidente Luis Abinader para que reevalúe la Ley de Residuos Sólidos, al considerar que su aplicación, en los términos actuales, lacera la economía nacional, afecta al comercio organizado y pone en riesgo la sostenibilidad de miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El gremio aseguró que, aunque la normativa es necesaria para regular el manejo de los desechos, su diseño actual resulta desproporcionado y lesivo, generando más dificultades que soluciones para el aparato productivo del país.
“Más caos que beneficios”
El presidente del CNCP, Jorge Jerez Espinal, advirtió que la implementación de la ley podría provocar mayores niveles de informalidad, afectar la competitividad y beneficiar únicamente a una minoría, en detrimento de los pequeños y medianos comerciantes.
“La Ley de Residuos Sólidos ha sido impulsada de manera desproporcional por grupos de poder y actores políticos. Es una iniciativa necesaria, pero en su forma actual resulta dañina para el comercio y las mipymes, que son pilares fundamentales del desarrollo económico nacional”, afirmó el dirigente.
Cargas impositivas desproporcionadas
Uno de los principales cuestionamientos del gremio se centra en la tasa contributiva fija establecida en la ley, la cual, según explicaron, no toma en cuenta los ingresos reales de las empresas, generando una doble carga impositiva al sumarse a otros impuestos ya existentes.
El CNCP sostiene que la contribución debería calcularse sobre un porcentaje de los ingresos, y no mediante un monto fijo, para evitar que los pequeños negocios resulten más afectados que las grandes empresas.
Jerez planteó que una tasa equivalente a un 0.02 % de los ingresos permitiría una aplicación más justa y equilibrada, reduciendo el impacto negativo sobre colmados, comedores, cafeterías y otros pequeños establecimientos.
Falta de diferenciación por nivel de contaminación
Otro de los puntos críticos señalados es que la Ley 98-25 no establece una clasificación de las empresas según su grado o capacidad de contaminación, lo que implica que todos los negocios son tratados de la misma manera.
“Lo lógico es que quien más contamine, pague más. No puede medirse con la misma vara a una gran industria y a un pequeño colmado de barrio”, sostuvo el presidente del CNCP.
Riesgo de sanciones y cierres
El gremio también advirtió sobre el contenido del artículo 164, que, según indicaron, expone a pequeños comercios a sanciones inmediatas, sin un período de adaptación o flexibilidad, lo que podría provocar cierres masivos y un clima de caos en la aplicación de la ley.
Ante este panorama, el Consejo propuso modificar la normativa con carácter de urgencia, e instó al Gobierno a instruir al Ministerio de Medio Ambiente y al Senado de la República para abrir un diálogo amplio con el sector comercio y las mipymes.
A favor del diálogo, no de la confrontación
Finalmente, el CNCP dejó claro que no respalda llamados a huelgas ni paros, al considerar que estas acciones alteran la paz social y afectan la economía. En su lugar, reiteró su apuesta por el diálogo institucional y propuestas técnicas, como vía idónea para alcanzar soluciones razonables y consensuadas.
“El país necesita equilibrio, diálogo y decisiones justas que no sacrifiquen a los sectores productivos más vulnerables”, concluyó el gremio.
