Santo Domingo. — En medio de un renovado clima de tensión social y migratoria, autoridades dominicanas han intensificado operativos para detener extranjeros en situación irregular, especialmente nacionales haitianos, tras un aumento en protestas y denuncias de supuestas irregularidades en el trato a detenidos. Organismos de derechos humanos y activistas alertan sobre graves violaciones en el proceso.
🚨 Qué denuncian
Informes recientes denuncian que en noviembre más de 11,100 haitianos indocumentados fueron detenidos en una serie de operativos que abarcaron varias provincias del país. Esas detenciones, según los denunciantes, no se limitaron a personas sin documentos: también se reportó la captura de decenas de dominicanos acusados de tráfico de personas. La medida responde a una escalada represiva en el contexto de manifestaciones y protestas populares contrarias a la presencia de inmigrantes irregulares.
Testigos y organizaciones de derechos humanos han señalado que los operativos —a cargo del Dirección General de Migración (DGM) junto a cuerpos de seguridad del Estado— se realizan con procedimientos poco transparentes, sin garantizar el debido proceso ni evaluar cuidadosamente la condición migratoria de los detenidos. Se mencionan detenciones masivas, deportaciones apresuradas e incluso casos de personas vulnerables (mujeres, niños, enfermos) sometidas a controles sin el debido resguardo.
Contexto del aumento en operativos
Los operativos de interdicción migratoria se han intensificado durante 2025. En junio, por ejemplo, la DGM reportó la detención de cerca de 1,794 migrantes haitianos en distintas provincias como parte de esfuerzos por “regularizar” la situación migratoria.
Ese esfuerzo estatal ha coincidido con llamados oficiales a “ordenar la migración” y con ejecuciones en conjunto con la Policía y el Ejército.
Sin embargo, organismos nacionales e internacionales han advertido que en muchos de estos operativos no se respeta la individualización de casos —es decir, no se analiza si las personas tienen derecho a asilo, residencia, protección internacional, o si son víctimas de trata.
Reacciones y críticas
Defensores de los derechos humanos han descrito la situación como alarmante: denuncian xenofobia institucional, abuso de poder y condiciones inhumanas durante las detenciones y deportaciones. Se alerta especialmente sobre la vulnerabilidad de grupos como mujeres embarazadas, niños, personas enfermas o con necesidades de protección.
Por su parte, algunos sectores de la población respaldan los operativos, argumentando que la migración irregular —según ellos— tensiona los servicios públicos, el mercado laboral y la seguridad ciudadana. Este contexto de polarización ha elevado el riesgo de conflicto social y aumenta la presión sobre las autoridades para que privilegien la ley, sin descuidar los derechos humanos.
📌 El dilema humanitario y legal
El aumento en las detenciones masivas y deportaciones ha puesto en evidencia un problema estructural: la falta de mecanismos efectivos para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Las críticas señalan que un trato indiscriminado vulnera la dignidad de las personas, y llama la atención sobre la necesidad de evaluar en cada caso —y no masivamente— la situación migratoria, conceder acceso a un debido proceso, salud, protección y respeto a los derechos fundamentales.
En contraste, las autoridades defienden los operativos como parte del cumplimiento de la ley migratoria dominicana, respaldados en la función legal de la DGM de controlar la estancia de extranjeros según su estatus migratorio.
