Santo Domingo. — El Poder Ejecutivo observó la recién aprobada Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con el propósito de introducir ajustes que permitan un equilibrio entre la libre empresa y la protección del medioambiente.
Según informó el Palacio Nacional, las observaciones buscan revisar los plazos establecidos para la eliminación progresiva de plásticos de un solo uso y otros materiales no biodegradables, a fin de garantizar que las medidas sean sostenibles para la industria nacional sin frenar los avances en materia ambiental.
Plazos revisados para transición industrial
La propuesta contempla un plazo de 12 meses para el desmonte de fundas plásticas y utensilios de un solo uso, mientras que los platos y bandejas tipo “laptop” contarán con 24 meses adicionales, dado que en el mercado dominicano aún no existen sustitutos económicamente viables.
La medida ha sido recibida con reacciones mixtas por parte de empresarios y ambientalistas. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) valoró la decisión del Ejecutivo como un paso “prudente” que permite a los sectores productivos prepararse para los cambios regulatorios. Sin embargo, organizaciones ecológicas han insistido en que los plazos deben mantenerse firmes para evitar retrocesos en las políticas de sostenibilidad.
Compromiso ambiental del Gobierno
El Gobierno reafirmó su compromiso con la reducción de residuos y la transición hacia una economía circular, destacando que las observaciones no significan una oposición a la ley, sino una revisión técnica que asegure su viabilidad práctica y económica.
De ser aprobadas las modificaciones por el Congreso Nacional, el país entraría en una nueva etapa de gestión ambiental que implicará mayor responsabilidad empresarial y ciudadana en el manejo de desechos.
Esta ley forma parte del conjunto de políticas públicas impulsadas por el presidente Luis Abinader para promover la sostenibilidad y fortalecer la normativa ambiental de la República Dominicana.
