En un momento crítico para los derechos humanos y la justicia social en República Dominicana, el Congreso Nacional analiza una iniciativa legislativa inédita denominada Reforma Integral “Déjala ir”, con la ambiciosa meta de reducir los feminicidios y filicidios hacia 2030, y erradicarlos para el año 2035.
Las legisladoras promotoras han estructurado este proyecto como un paquete de 18 iniciativas legales que van más allá del código penal: busca reformar leyes, fortalecer instituciones, promover la prevención y otorgar mayores herramientas de protección para víctimas y familias.
Una reforma con rostro humano y enfoque integral
“Déjala ir” no es solamente una ley punitiva; es un enfoque sistémico que reconoce que la violencia contra mujeres y menores brota de causas profundas: culturales, institucionales, familiares y sociales. En ese sentido, la propuesta incluye medidas como:
- La tipificación de la violencia vicaria (hacer daño a los hijos para afectar al otro padre) como delito autónomo
- Reforma de la Ley de Educación para incorporar trabajadores sociales en las escuelas y programas de educación emocional e igualdad de género.
- Humanización del sistema judicial: tribunales especializados, protocolos que eviten la revictimización y atención prioritaria para víctimas de violencia de género y familiar.
- Herramientas tecnológicas de prevención y vigilancia: monitoreo electrónico de agresores, sistemas de alerta temprana.
- Creación del Sistema Nacional del Cuidado, para redistribuir responsabilidades del cuidado familiar, reducir la sobrecarga que suele recaer en mujeres en contextos vulnerables.
- Establecimiento de un Fondo Nacional para Víctimas, programas de rehabilitación obligatoria para agresores reincidentes, y articulación territorial de políticas públicas especialmente en zonas rurales y fronterizas.
La diputada Kimberly Taveras, principal impulsora del proyecto, lo ha descrito como una “arquitectura compleja de iniciativas legislativas” diseñada para atacar las causas estructurales de la violencia, proteger a las víctimas y garantizar justicia con resultados.
Un respaldo político sin precedentes
La presentación formal del proyecto fue encabezada por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, y contó con el respaldo de más de 70 diputadas y senadoras de todas las bancadas.
Las legisladoras han enfatizado que este esfuerzo representa uno de los movimientos más amplios en la historia del Congreso dominicano en materia de derechos humanos.
Durante el acto de presentación también se leyó un manifiesto que declara los feminicidios y filicidios como una emergencia nacional, señalando que su eliminación es un deber colectivo que implica al Estado, la sociedad civil, medios de comunicación, instituciones educativas, académicas, localidades y organismos territoriales.
Retos y realismo en la implementación
El ideal de erradicar estos crímenes para 2035 es audaz ante realidades profundas. Entre los desafíos están:
- La necesidad de voluntad política sostenida, más allá de legislaturas.
- Asignación presupuestaria efectiva para financiar las reformas, organismos nuevos y programas de atención integral.
- Capacitación continua para jueces, fiscales, policías, médicos forenses y trabajadores sociales para operar con perspectiva de género.
- Acompañamiento comunitario y cultural: educar en igualdad, masculinidades positivas y prevención del machismo sistemático.
- Vigilancia ciudadana, monitoreo independiente y rendición de cuentas para evitar que las leyes queden en letra muerta.
Un hito que puede redefinir la agenda nacional
Si logra aprobarse y aplicarse con fuerza, “Déjala ir” podría marcar un antes y un después en la historia dominicana: un proyecto que no solo reacciona ante el crimen, sino que apuesta por cambiar estructuras sociales, garantizar protección real y restablecer derechos vulnerados. En efecto, no es un simple conjunto de normas: es una propuesta ética para recuperar dignidad, vidas y esperanza.
