Santo Domingo. – La República Dominicana registró en 2025 el mayor crecimiento entre 143 países en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, al escalar 11 posiciones y lograr un incremento de 2.1 %, en un contexto donde la mayoría de las naciones experimentaron retrocesos en este indicador.
El director ejecutivo del World Justice Project, Alejandro Ponce, explicó que este avance responde a mejoras en la efectividad de los mecanismos de control institucional, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y una mayor eficiencia del sistema de justicia, consolidando un progreso sostenido en los últimos años.
Entre 2021 y 2025, el país acumuló un crecimiento de 5.4 % en este índice, posicionándose como el de mayor avance a nivel global, en contraste con una caída promedio de 1.8 % registrada en otros países durante el mismo período.
Ponce destacó que estos resultados son producto de reformas estructurales orientadas a modernizar el sistema judicial, ampliar el acceso a los servicios legales y promover mayores niveles de transparencia, aunque señaló que aún existen retos, ya que el país ocupa actualmente la posición 76 en el ranking global.
El anuncio se realizó durante la Conferencia del Poder Judicial 2026, encabezada por el presidente Luis Abinader y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, junto a representantes del Congreso, el Tribunal Constitucional y diversos sectores de la sociedad.
Durante el evento, Molina afirmó que la justicia dominicana atraviesa un proceso de transformación enfocado en garantizar mayor acceso, transparencia y eficiencia, destacando avances como la digitalización total de los documentos judiciales y la reducción significativa en los tiempos de tramitación de casos.
El magistrado explicó que el sistema judicial ha logrado reducir el tiempo promedio de resolución de casos de 107 a 27 días, así como resolver el 90 % de los procesos en un año o menos, fortaleciendo la confianza pública en las instituciones.
Este avance posiciona a la República Dominicana como un referente en la región en materia de fortalecimiento institucional, en un escenario global donde el Estado de Derecho enfrenta importantes desafíos, reafirmando el compromiso del país con la transparencia, la justicia y la consolidación democrática.
