Santo Domingo.– El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, confirmó la existencia de un déficit operacional ascendente a RD$14,700 millones, cifra que —según aseguró— respalda de manera directa la acusación presentada por el Ministerio Público dentro de la investigación denominada “Operación Cobra”, que indaga un presunto desfalco millonario en la Administradora de Riesgos de Salud estatal.
Guzmán explicó que, tras asumir la dirección de Senasa en agosto de 2025, se encontró con una estructura financiera seriamente comprometida, producto de irregularidades acumuladas durante años. La institución, que brinda cobertura médica a más del 70 % de la población dominicana, habría sido afectada —de acuerdo con el órgano acusador— por un perjuicio superior a los RD$15,000 millones.
La investigación del Ministerio Público señala como principal imputado al exdirector Santiago Hazim, quien junto a otros involucrados cumple 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario de Las Parras, mientras avanzan las pesquisas judiciales.
Cierre positivo en 2025, pero déficit persiste
Durante una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema, Guzmán precisó que, pese a la situación heredada, Senasa logró cerrar el año 2025 con un resultado positivo de RD$1,034 millones, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Este desempeño permitió reducir parcialmente el déficit, aunque la situación financiera continúa siendo delicada.
“Ese déficit operativo de RD$14,700 millones ya tiene una reducción de RD$1,034 millones con el resultado del año pasado. A la fecha, con datos preliminares, el déficit ronda los RD$13,700 millones”, detalló el funcionario.
Irregularidades detectadas y nuevas medidas de control
El titular de Senasa, quien anteriormente se desempeñó como gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social(CNSS), explicó que las auditorías internas identificaron malas prácticas sistemáticas, especialmente relacionadas con la manipulación del bordereau, el sistema utilizado para registrar autorizaciones médicas.
Según indicó, los costos reales de hospitalizaciones y emergencias eran reportados mediante promedios alterados a la baja, generando un subregistro que ocultaba la verdadera magnitud del gasto operativo de la ARS estatal. A esto se suman prácticas aún más graves, como la autorización de recetas en blanco y la existencia de procedimientos médicos fantasmas.
Ante este panorama, la nueva gestión implementó controles más estrictos para evitar que se repitan estas irregularidades. No obstante, Guzmán reconoció que estas medidas han tenido un impacto directo en los tiempos de respuesta.
“Somos conscientes de que hoy un afiliado de Senasa puede durar entre 45 minutos y una hora esperando una autorización, más que en otras ARS, pero estos controles son necesarios para garantizar transparencia y sostenibilidad”, sostuvo.
Cancelación de contratos y revisión del modelo de pagos
Como parte de las acciones correctivas, Senasa desmontó los contratos de pago capitado y prospectivo, modalidades que permitían pagos fijos a prestadores privados sin una fiscalización adecuada, retornando al esquema de pago por servicios efectivamente prestados.
Guzmán informó que estos contratos representaban desembolsos mensuales de RD$112 millones en pagos capitados a seis entidades y cerca de RD$60 millones adicionales bajo el esquema prospectivo. Asimismo, fueron cancelados acuerdos con empresas como Khersun S.R.L. y DELESTE S.R.L., señaladas por el Ministerio Público como parte de la presunta red de corrupción.
En cuanto a Farmacard, plataforma de beneficios de medicamentos objetada por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, el director de Senasa aclaró que continúa operando de forma temporal, mientras la institución desarrolla una plataforma propia, con el objetivo de no afectar el suministro de fármacos a los afiliados.
Guzmán afirmó que la prioridad de la actual gestión es recuperar la estabilidad financiera de Senasa, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos destinados a la salud sean administrados con transparencia, control y apego a la ley.
