El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió este lunes que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara un ataque para ejecutar a dos tripulantes que sobrevivieron a la explosión de una embarcación en el mar Caribe. El hecho, que habría ocurrido el pasado 2 de septiembre durante una operación antidrogas, ha provocado una ola de cuestionamientos éticos y legales en Washington debido a la posibilidad de que se trate de un crimen de guerra.
Investigación por presunta violación de leyes internacionales
Según informes divulgados por medios estadounidenses, una patrulla aérea destruyó inicialmente una lancha sospechosa de tráfico de drogas. Sin embargo, dos ocupantes habrían quedado con vida, aferrados a los restos de la embarcación. De acuerdo con la denuncia, un segundo ataque habría sido ordenado para evitar que los sobrevivientes escaparan.
El senador demócrata Tim Kaine advirtió que, de confirmarse, el acto constituiría “una violación directa de las leyes de guerra”, subrayando la gravedad del uso excesivo de fuerza contra personas que ya no representaban amenaza militar. El Congreso estadounidense inició revisiones internas para determinar si hubo responsabilidad directa de altos mandos del Pentágono o de la cadena de mando presidencial.
Hegseth niega las acusaciones y Trump lo respalda
Pete Hegseth rechazó categóricamente las imputaciones, calificándolas como “acusaciones fabricadas e infladas políticamente”. Aseguró que las operaciones aéreas se efectuaron conforme a los protocolos militares y bajo las disposiciones legales nacionales e internacionales para este tipo de intervenciones.
Trump, por su parte, describió el escándalo como “un ataque político más” contra su administración, defendiendo la integridad y la actuación de Hegseth durante la operación. El exmandatario insistió en que no existió orden alguna destinada a eliminar sobrevivientes.
Implicaciones para la región del Caribe
Este caso ha despertado preocupación en los países del Caribe y Centroamérica, pues podría involucrar acciones militares estadounidenses dentro o cerca de zonas de vigilancia compartida. Expertos en derecho internacional han señalado que el episodio abre un debate sobre transparencia, uso proporcional de la fuerza y límites de operaciones antidrogas en aguas internacionales.
Analistas también anticipan que, si se determina que existió una ejecución extrajudicial, la administración de EE. UU. podría enfrentar presiones de organismos internacionales y endurecimiento en la supervisión de operaciones militares en el hemisferio.
Conclusión
Aunque Trump ha rechazado todas las acusaciones y mantiene su respaldo a Hegseth, la investigación continúa ganando terreno en el Congreso. El caso podría convertirse en uno de los más delicados en materia militar y diplomática para Estados Unidos en los últimos años, con repercusiones que se sienten más allá de sus fronteras, especialmente en el Caribe, donde se desarrollaron los hechos.
