Durante décadas, el Estado dominicano emitió documentos de identidad sin garantizar el respaldo adecuado de sus registros civiles. Hoy, ciudadanos que han tenido cédula toda su vida enfrentan obstáculos para renovarla por deficiencias que la propia administración pública permitió.
Resulta indignante que un ciudadano dominicano, después de pasar décadas utilizando una cédula expedida por el propio Estado, descubra que ahora tiene dificultades para renovarla porque la Junta Central Electoral (JCE) no cuenta con los registros necesarios para validar su identidad.
¿Dónde estuvo la responsabilidad administrativa durante todos estos años?
La JCE ha reconocido que antes de 1992 se expedían cédulas sin exigir obligatoriamente un acta de nacimiento. Esta explicación, lejos de justificar los inconvenientes actuales, pone al descubierto una grave deficiencia histórica en la administración del sistema de identificación nacional.
¿Cómo es posible que el Estado haya identificado a una persona durante 30, 40 o 50 años y ahora pretenda que sea el ciudadano quien resuelva las inconsistencias de sus archivos?
No estamos hablando de ciudadanos que nunca tuvieron documentos. Estamos hablando de personas que han votado, trabajado, pagado impuestos, adquirido propiedades y realizado transacciones legales utilizando una identidad reconocida por el Estado.
Ahora, cuando necesitan renovar su cédula, algunos encuentran obstáculos administrativos y denuncian esperas que pueden prolongarse durante meses.
Esto no es modernización. Es el reflejo de una administración que no corrigió oportunamente sus errores y ahora traslada las consecuencias a la población.
La irresponsabilidad administrativa tiene consecuencias
La JCE tiene la obligación de garantizar registros confiables, preservar los documentos y mantener actualizada la información de los ciudadanos.
Si durante décadas existieron expedientes incompletos, ¿por qué no fueron identificados y corregidos antes de iniciar un proceso de renovación masiva?
¿Por qué debe un ciudadano demostrar nuevamente una identidad que el propio Estado le reconoció durante toda su vida?
El 26 de octubre de 2026, la JCE aprobó un protocolo extraordinario para atender determinados casos de personas de 60 años o más con dificultades en sus registros de nacimiento.
La medida representa un paso necesario, pero también plantea otra pregunta: ¿por qué hubo que esperar hasta ahora para enfrentar un problema que las autoridades conocían o debieron haber detectado hace décadas?
Y más importante todavía: ¿qué ocurrirá con los ciudadanos menores de 60 años que enfrentan dificultades similares?
La JCE debe asumir su responsabilidad
La seguridad de los documentos de identidad es fundamental. Nadie cuestiona la necesidad de prevenir fraudes, actualizar registros o incorporar tecnología biométrica.
Lo cuestionable es que la modernización se convierta en una carga para quienes confiaron en la documentación expedida por el Estado.
La JCE debe establecer procedimientos rápidos, gratuitos y transparentes para resolver estas inconsistencias, informar los plazos de respuesta y rendir cuentas sobre la cantidad de ciudadanos afectados.
No basta con anunciar protocolos ni presentar avances tecnológicos mientras existen personas que desconocen cuándo podrán obtener su documento.
Un Estado eficiente no obliga al ciudadano a pagar con tiempo, dinero e incertidumbre por los errores de su propia administración.
La cédula no es un favor que concede la Junta Central Electoral. Es un documento esencial para el ejercicio de los derechos ciudadanos.
La República Dominicana necesita una institución electoral moderna, pero también responsable, organizada y capaz de corregir sus deficiencias sin perjudicar a la población.
Porque cuando el Estado falla durante décadas en organizar sus registros, el problema no es la identidad del ciudadano: es la incompetencia de quienes tenían la responsabilidad de administrarlos.




