Por Henry Montero
SANTO DOMINGO.– El costo de mantener el sistema penitenciario de la República Dominicana vuelve al centro del debate público luego de una intervención del comunicador y exlegislador Luisín Jiménez, quien reflexionó sobre la delincuencia juvenil, las cárceles y el impacto económico y social que representa para el Estado sostener a miles de personas privadas de libertad.
La intervención de Jiménez plantea una discusión que va más allá de la operación cotidiana de los centros penitenciarios: cuánto termina pagando el Estado cuando un joven entra en el circuito de la delincuencia, el proceso judicial y posteriormente la prisión.
Lo que dicen las cifras oficiales
La comparación debe hacerse con precisión. La documentación oficial del Presupuesto General del Estado 2026 asigna a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales aproximadamente RD$2,803.8 millones. Por tanto, no sería correcto afirmar que el presupuesto penitenciario completo supera los presupuestos nacionales de Educación o Salud, que son considerablemente mayores.
Sin embargo, la discusión planteada por Jiménez permite formular una pregunta más amplia: ¿cuánto termina costándole realmente a la sociedad dominicana que un joven llegue a prisión?
El costo de la criminalidad y del encarcelamiento no se limita al presupuesto directo de una cárcel. Puede involucrar seguridad, alimentación, personal penitenciario, infraestructura, servicios de salud y salud mental, administración de justicia, rehabilitación y programas de reinserción social.
Cárceles frente a prevención
El debate también plantea cuánto debe invertir la República Dominicana después de que una persona delinque frente a cuánto puede invertir antes en educación, salud —incluyendo salud mental—, vivienda, empleo juvenil, prevención de la violencia y oportunidades sociales.
La función penitenciaria tampoco debería limitarse a la custodia. La rehabilitación, la educación y la reinserción social son componentes esenciales si se pretende reducir la reincidencia y facilitar el retorno de las personas privadas de libertad a sus comunidades.
La intervención de Luisín Jiménez pone así sobre la mesa una discusión que merece ser examinada con datos: no solamente cuánto dinero cuesta mantener una cárcel, sino cuánto le cuesta al país que la prevención llegue demasiado tarde para miles de jóvenes.
Fuentes: intervención de Luisín Jiménez; documentación del Presupuesto General del Estado 2026 de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
