SANTO DOMINGO.—El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto 714-26, una normativa que establece coordinación y evaluación técnica para las inversiones digitales estratégicas del Gobierno. La medida busca reducir compras tecnológicas duplicadas, reforzar la ciberseguridad y evitar que las instituciones públicas queden atadas innecesariamente a proveedores o sistemas cerrados.
El decreto, fechado el 12 de octubre de 2026, declara de alto interés nacional la integración, modernización y protección de la infraestructura digital del Estado. Su ámbito incluye ministerios, direcciones generales, órganos desconcentrados y otras dependencias del Poder Ejecutivo cuando desarrollen proyectos tecnológicos estratégicos, transversales, críticos o reutilizables.
Qué compras estarán sujetas a evaluación
La norma alcanza proyectos, plataformas, servicios y componentes con impacto presupuestario relevante; aquellos que procesen datos personales o información crítica; sistemas vinculados a servicios públicos esenciales; soluciones de inteligencia artificial, automatización o analítica avanzada; y adquisiciones que puedan utilizar varias instituciones.
Las compras tecnológicas ordinarias de bajo impacto quedan fuera de este mecanismo especial, aunque deberán continuar cumpliendo las normas generales sobre contratación pública, protección de datos, interoperabilidad y ciberseguridad.
Nueva comisión de seguimiento
El Ministerio de Administración Pública (MAP) coordinará la aplicación del reglamento con apoyo técnico de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), el Ministerio de Hacienda y Economía, el Ministerio de la Presidencia y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
El decreto crea una Comisión de Seguimiento de Inversiones Digitales Estratégicas. Entre sus funciones estarán identificar necesidades comunes, comprobar si ya existen plataformas o contratos reutilizables y recomendar criterios de interoperabilidad, gobernanza de datos, portabilidad y continuidad operativa antes de respaldar nuevas iniciativas.
La comisión tendrá carácter técnico y consultivo. No sustituirá a los comités de compras, la Dirección General de Contrataciones Públicas ni los organismos de fiscalización.
Control estatal de los datos y los sistemas
Uno de los objetivos centrales es prevenir la dependencia tecnológica injustificada. La norma define ese riesgo como una relación con proveedores, plataformas o modelos propietarios que limite la competencia futura, la portabilidad de la información, la interoperabilidad o el control estatal sobre los activos digitales.
Las inversiones deberán proteger los datos bajo responsabilidad pública y favorecer sistemas capaces de intercambiar información de forma segura y trazable. También deberán evitar “islas de información”, integraciones cerradas y restricciones que dificulten trasladar datos o sustituir tecnologías.
Registro e informes periódicos
El MAP y la Ogtic mantendrán un registro de las inversiones digitales estratégicas evaluadas o coordinadas. Este deberá documentar la necesidad identificada, las instituciones participantes, el avance del proyecto, sus entregables, riesgos y mecanismos de sostenibilidad.
El ministerio presentará informes periódicos al Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital. La información pública del registro estará sujeta a las reglas de transparencia, protección de datos, seguridad y reserva legal.
El alcance real del decreto dependerá ahora de los lineamientos técnicos que emita el MAP y de cómo las instituciones incorporen la evaluación previa en sus ciclos presupuestarios y de contratación.
Fuente
- Decreto 714-26 de la Presidencia de la República Dominicana, 12 de octubre de 2026.
Imagen destacada ilustrativa: Buddy AN / Unsplash.
