Después de décadas de avances tecnológicos, la Junta Central Electoral continúa recurriendo a documentos religiosos para resolver deficiencias del Registro Civil. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo tendrá el ciudadano que responder por los errores administrativos del Estado?
¿Cómo puede justificarse que, después de décadas de avances tecnológicos, el Estado dominicano todavía necesite recurrir a los registros de bautismo de una institución religiosa para corregir las deficiencias de su Registro Civil?
La pregunta parece sencilla, pero revela una contradicción profunda en la administración pública dominicana.
En pleno siglo XXI, cuando la Junta Central Electoral (JCE) promueve la modernización de la cédula de identidad, todavía contempla la constancia de bautismo entre los documentos utilizados para determinados procedimientos de declaración tardía de nacimiento.
No estamos cuestionando el valor histórico de los archivos de la Iglesia católica. Durante generaciones, las parroquias conservaron información de miles de dominicanos, en ocasiones con mayor continuidad que las propias instituciones estatales.
Lo que resulta cuestionable es que el Estado continúe necesitando esos archivos para resolver las deficiencias de un sistema de identificación que lleva décadas bajo su responsabilidad.
¿Dónde estuvo el Estado durante todos estos años?
La JCE tiene la responsabilidad de administrar el Registro Civil y garantizar que los ciudadanos puedan acreditar legalmente su identidad.
Sin embargo, todavía existen personas cuyos expedientes presentan inconsistencias, registros incompletos o documentos que no pueden localizarse.
La propia JCE incluye la constancia de bautismo entre los requisitos publicados para determinadas declaraciones de nacimiento fuera de plazo de personas mayores de 16 años.
¿Cómo es posible que, después de tantos años de inversión pública, reformas legales, digitalización y modernización tecnológica, una institución del Estado todavía tenga que acudir a documentos religiosos para reconstruir información civil?
¿Dónde estuvieron los controles administrativos? ¿Quién supervisó la conservación de los registros? ¿Por qué no se corrigieron estas deficiencias antes de iniciar una renovación masiva de la cédula?
La modernización no puede limitarse a cambiar una tarjeta de identidad mientras permanecen sin resolver los problemas históricos de los archivos que la respaldan.
La identidad no puede depender de la religión
La Constitución dominicana reconoce la libertad de conciencia y de cultos en su artículo 45.
Este principio plantea otra interrogante: ¿qué sucede con el ciudadano que nunca fue bautizado, pertenece a otra religión o simplemente no dispone de una constancia religiosa?
Aunque los documentos eclesiásticos pueden servir como pruebas auxiliares, el Estado debe garantizar alternativas civiles igualmente accesibles y efectivas.
La fe de bautismo acredita un acto religioso. El acta de nacimiento acredita jurídicamente un hecho civil. Son documentos diferentes y no deben confundirse sus funciones.
Ningún dominicano debería sentir que necesita demostrar su participación en un sacramento religioso para que el Estado reconozca su identidad.
La JCE debe explicar esta dependencia documental
La Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, establece un marco para modernizar y organizar los registros individuales de las personas.
Sin embargo, la existencia de una legislación moderna no garantiza, por sí sola, que desaparezcan las deficiencias administrativas.
La JCE debe explicar por qué sigue utilizando constancias de bautismo, en cuáles circunstancias resultan necesarias, qué alternativas existen y cuánto tiempo requiere resolver los expedientes que presentan dificultades.
También debe informar cuántos ciudadanos se encuentran afectados por registros incompletos o no localizados y qué medidas concretas se están adoptando para solucionar esos casos.
No basta con anunciar innovaciones tecnológicas mientras ciudadanos que han vivido durante décadas con documentos oficiales enfrentan incertidumbre para renovar su identidad.
Una responsabilidad que no pertenece al ciudadano
La Iglesia católica merece reconocimiento por la conservación de archivos históricos. Pero esa contribución no exonera al Estado de sus responsabilidades.
El Registro Civil debe ser confiable, accesible y capaz de acreditar la identidad de cada ciudadano sin depender necesariamente de instituciones religiosas.
La solución no consiste en eliminar documentos históricos que pueden resultar útiles. Consiste en garantizar que sean recursos complementarios y no sustitutos de un sistema civil eficiente.
Después de décadas administrando la identidad de los dominicanos, el Estado no puede continuar trasladando al ciudadano las consecuencias de sus propios vacíos documentales.
Porque la pregunta que verdaderamente debe responder la Junta Central Electoral no es dónde fue bautizado un ciudadano.
La pregunta es por qué, en pleno 2026, el Estado dominicano todavía necesita preguntárselo para resolver las deficiencias de su Registro Civil.




