El Ejecutivo activa medidas de austeridad y fortalece programas de acceso a la canasta básica para proteger a las familias dominicanas.
Santo Domingo.– En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el incremento sostenido de los precios del petróleo, el Gobierno dominicano puso en marcha una estrategia integral orientada a proteger la economía nacional y garantizar el acceso de la población a alimentos a precios asequibles. La iniciativa combina ajustes internos en el gasto público con acciones directas en el terreno para mitigar los efectos de la coyuntura global.
El director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, explicó durante el “Resumen Semanal” que las medidas responden a la necesidad de mantener la estabilidad económica sin comprometer los programas esenciales. En ese sentido, el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó un Consejo de Ministros donde se definió un plan de austeridad que busca generar alrededor de RD 40,000 millones mediante la reorganización del gasto público.
El plan contempla la postergación de gastos no prioritarios y una reducción significativa en costos operativos del Estado, sin afectar compromisos previamente asumidos. Las disposiciones incluyen la racionalización de adquisiciones, limitaciones en eventos oficiales, ajustes en viáticos y transporte, reducción del presupuesto destinado a partidos políticos y una revisión de transferencias a entidades públicas con capacidad de autogestión. Estas decisiones buscan preservar la estabilidad macroeconómica y proteger el poder adquisitivo de las familias dominicanas.
De manera simultánea, el Gobierno ha reforzado su presencia en el ámbito social, especialmente en la distribución de alimentos. Como parte de esta estrategia, el presidente Abinader entregó 25 nuevos vehículos al Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), integrándolos a una flotilla total de 60 unidades destinadas a expandir la cobertura de las bodegas móviles en todo el país.
Esta medida permitirá llevar productos de la canasta básica directamente a las comunidades, reduciendo la intermediación y evitando distorsiones en los precios. Con ello, se busca acercar a productores y consumidores, optimizar la logística de distribución y garantizar que más hogares puedan acceder a alimentos sin que sus ingresos se vean presionados por el contexto internacional.
Las acciones adoptadas reflejan una estrategia estatal que combina disciplina fiscal con intervención social directa, orientada a sostener el bienestar de la población en medio de un escenario global complejo. El enfoque del Gobierno apunta a equilibrar el orden en las finanzas públicas con respuestas concretas que impacten de manera inmediata en la calidad de vida de la ciudadanía.
