Santo Domingo, República Dominicana. — El Gobierno dominicano aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos mediante el Decreto 787-26, anunciado la noche del martes 3 de noviembre de 2026. La normativa establece obligaciones de transparencia, supervisión humana y protección de derechos para las entidades estatales que utilizan sistemas de inteligencia artificial (IA).
La medida alcanza a instituciones de la Administración pública centralizada y descentralizada, y fue elaborada mediante un proceso coordinado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Ciudadanos podrán solicitar explicaciones y revisión humana
Uno de los puntos más importantes del código es el derecho de los ciudadanos a saber cuándo un trámite o decisión administrativa haya sido apoyado por inteligencia artificial. También contempla mecanismos para solicitar explicaciones comprensibles y la revisión por una persona.
Esto resulta especialmente relevante para trámites relacionados con beneficios sociales, servicios públicos y decisiones administrativas que puedan afectar derechos. El decreto no significa que todas estas gestiones ya utilicen IA; fija condiciones para su uso donde corresponda.
Evaluación previa para sistemas de alto impacto
Los sistemas de inteligencia artificial clasificados como de alto impacto deberán someterse a una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos y contar con autorización del órgano de supervisión antes de entrar en funcionamiento. Se consideran de alto impacto aquellos que puedan afectar el acceso a derechos, beneficios sociales o el ejercicio de facultades sancionadoras.
¿Qué usos de inteligencia artificial quedan prohibidos?
La Presidencia identificó restricciones expresas para prácticas como la clasificación social generalizada de la población, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y el desarrollo de armas autónomas.
También establece salvaguardas reforzadas para niños, niñas y adolescentes y prohíbe sistemas destinados a generar o difundir contenido abusivo, perjudicial o discriminatorio contra este grupo.
Protección de datos y supervisión de proveedores
Las instituciones deberán exigir a los proveedores tecnológicos garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control de los datos. El objetivo es evitar la contratación de soluciones que operen sin mecanismos suficientes de auditoría y control público.
La normativa dispone además la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, con participación de entidades estatales y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto.
Instituciones tendrán 180 días para adaptarse
El decreto contempla un período transitorio de 180 días calendario para adecuar procedimientos internos, registrar los sistemas tecnológicos utilizados, designar responsables e implementar las salvaguardas requeridas. Se trata de un plazo de adaptación, por lo que no debe suponerse que todas las instituciones ya cumplen plenamente las nuevas disposiciones.
¿Qué cambia para los dominicanos?
La iniciativa busca que la modernización digital del Estado no reduzca las garantías de los ciudadanos. Su efectividad dependerá de la aplicación práctica, la supervisión, la disponibilidad de mecanismos de reclamación y la transparencia sobre las herramientas que utiliza cada institución.
La decisión se suma a otros proyectos de modernización tecnológica del país. Voces del Oeste ha informado sobre nuevas inversiones para la infraestructura digital dominicana, los servicios digitales previstos para Los Alcarrizos y los proyectos de modernización de la televisión pública.
Fuentes: Presidencia de la República Dominicana, 3 de noviembre de 2026; registro oficial del Decreto 787-26; Diario Libre.
