Los desembolsos fueron realizados durante dos operativos en marzo y agosto de 2026, en beneficio de miembros de la Policía Nacional que pasaron a retiro durante el año anterior.
Santo Domingo.– El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, ha destinado RD$1,358 millones al pago de indemnizaciones correspondientes a 1,449 miembros de la Policía Nacional que fueron puestos en retiro durante 2025.
Los recursos fueron entregados en dos jornadas realizadas en marzo y agosto de 2026, como parte del cumplimiento de las compensaciones establecidas para los agentes que concluyen su servicio activo dentro de la institución.
El proceso benefició a policías de diferentes rangos y categorías, entre ellos oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, alistados y personal asimilado.
Las entregas fueron coordinadas por el Viceministerio del Tesoro y Patrimonio, dependencia responsable de convocar a los beneficiarios y organizar el procedimiento administrativo en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía.
La indemnización constituye un derecho reconocido a quienes pasan a retiro y representa un respaldo económico durante la transición hacia una nueva etapa de vida, especialmente para miembros que dedicaron años de servicio a labores de seguridad ciudadana, prevención del delito y mantenimiento del orden público.
Herederos de agentes fallecidos también serán convocados
Las autoridades informaron que trabajan en la identificación y validación de los casos correspondientes a miembros de la Policía Nacional fallecidos que eran elegibles para recibir esta prestación.
Para estos expedientes, el Ministerio de Hacienda y Economía mantiene coordinación con el Comité de Retiro de la institución policial, con el objetivo de completar los procesos necesarios y convocar posteriormente a los herederos legales.
El pago a los familiares dependerá de la verificación de los documentos correspondientes y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Esta etapa resulta especialmente importante para familias que, además de enfrentar la pérdida de un ser querido, permanecen a la espera de una compensación reconocida por ley.
Las autoridades indicaron que procuran completar estas gestiones en el menor tiempo posible, aunque no precisaron una fecha para la convocatoria ni la cantidad de herederos que podrían resultar beneficiados.
Una obligación establecida en la Ley 590-16
La Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 reconoce el derecho de los miembros retirados a recibir una indemnización y establece que el Estado debe incorporar en el presupuesto correspondiente los recursos necesarios para cumplir con esta obligación.
La normativa también dispone el funcionamiento del Comité de Retiro, organismo administrativo que opera bajo la supervisión del Consejo Superior Policial y tiene a su cargo tramitar las solicitudes relacionadas con pensiones por antigüedad e indemnizaciones.
Una vez los expedientes son procesados y remitidos, corresponde al Ministerio de Hacienda y Economía validar la documentación, verificar el cumplimiento del debido proceso y ejecutar los pagos.
Este procedimiento busca garantizar que las compensaciones lleguen a los beneficiarios autorizados y que los recursos públicos sean entregados conforme a los requisitos legales.
El retiro también forma parte de la dignidad policial
La entrega de estas indemnizaciones pone sobre la mesa una dimensión frecuentemente relegada dentro del debate sobre la seguridad ciudadana: las condiciones en las que viven los agentes después de abandonar el servicio activo.
La protección de quienes integran la Policía Nacional no debería limitarse a su etapa laboral. También requiere garantizar que, al concluir sus funciones, reciban oportunamente los beneficios que les corresponden y cuenten con mecanismos claros para acceder a sus prestaciones.
En ese sentido, el desembolso de RD$1,358 millones a 1,449 policías retirados representa el cumplimiento de una responsabilidad legal que no puede tratarse como un favor, sino como una obligación del Estado frente a quienes prestaron servicio dentro de la institución.
El desafío pendiente será completar los procesos que todavía involucran a familiares de agentes fallecidos y asegurar que ninguna compensación reconocida por ley permanezca indefinidamente sin ser entregada.
