Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) informó que la actual cédula de identidad y electoral perderá definitivamente su vigencia legal al concluir el proceso nacional de renovación, pautado para el 31 de marzo de 2027. Desde el día siguiente, únicamente será reconocido el nuevo documento para realizar trámites civiles, financieros, administrativos y electorales en la República Dominicana.
El presidente de la institución, Román Andrés Jáquez Liranzo, exhortó a la población a completar la renovación dentro del período establecido. El proceso se desarrolla de manera organizada según el mes de nacimiento de cada ciudadano, con el propósito de evitar aglomeraciones y garantizar una atención eficiente en los centros de cedulación.
La disposición significa que, a partir de abril de 2027, la cédula anterior no podrá utilizarse para gestiones que requieran identificación oficial, como operaciones bancarias, contratos, trámites notariales, solicitudes institucionales, procesos judiciales, inscripciones académicas o servicios públicos. La numeración personal permanecerá sin cambios; lo que se sustituye es el formato físico del documento.
La renovación es gratuita y contempla la actualización de los datos personales y biométricos. La nueva cédula incorpora mayores mecanismos de seguridad para reducir falsificaciones, suplantaciones de identidad y otras modalidades de fraude.
Durante el período de transición circularán ambos formatos. Sin embargo, la JCE insiste en que los ciudadanos no deben esperar hasta el último momento, debido a que después del plazo establecido la antigua cédula perderá su validez dentro del territorio nacional. Para los dominicanos residentes en el exterior, el calendario de renovación se extenderá hasta enero de 2028.
El proceso abarca a más de 9.4 millones de personas y representa una de las operaciones de identificación ciudadana más amplias desarrolladas en el país. La advertencia es clara: quien no renueve oportunamente podría enfrentar serias dificultades para realizar actos esenciales de la vida civil después del 31 de marzo de 2027.
