Santo Domingo, República Dominicana. — El Poder Ejecutivo promulgó el viernes 6 de noviembre de 2026 la Ley 87-26, que actualiza las reglas para utilizar medios digitales en el Poder Judicial. La reforma busca agilizar las gestiones judiciales y fortalecer la seguridad de los documentos electrónicos, sin eliminar la posibilidad de realizar trámites presenciales.
La nueva norma modifica los artículos 4, 5, 12 y 14 de la Ley 339-22 e incorpora un artículo 12.1, de acuerdo con las comunicaciones publicadas por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial.
Los trámites digitales serán prioritarios, pero no obligatorios para todos
La ley establece la tramitación digital como modalidad prioritaria en el sistema judicial dominicano. No obstante, mantiene expresamente la opción de acudir a cualquier sede del Poder Judicial y garantiza el derecho a la gestión presencial a quienes manifiesten que carecen de equipos, conectividad o conocimientos tecnológicos suficientes.
Este punto es especialmente relevante para las personas mayores, los hogares sin acceso confiable a internet y quienes enfrentan barreras para usar plataformas digitales. La modernización no deberá convertirse en un obstáculo para acceder a la justicia.
Expedientes electrónicos y firmas digitales con validez jurídica
La Ley 87-26 incorpora y precisa términos como expediente electrónico, buzón judicial digital, portal judicial, autenticación y falsificación digital o spoofing. Asimismo, regula la utilización de la firma digital o electrónica cualificada por jueces, auxiliares y otros funcionarios judiciales.
Las decisiones y documentos suscritos mediante esos mecanismos tendrán validez jurídica sin requerir una certificación adicional de la firma, conforme a las condiciones previstas por la norma. Esto no significa que cualquier archivo enviado por mensajería sea automáticamente un documento judicial válido.
Alguaciles usarán georreferenciación para documentar diligencias
Una de las novedades es el nuevo artículo 12.1, que dispone un sistema digital de georreferenciación ministerial administrado por el Poder Judicial para respaldar las actuaciones de los alguaciles.
El sistema registrará datos como la ubicación geográfica, la fecha y la hora oficial de cada diligencia, con el objetivo de facilitar la trazabilidad de las notificaciones y otras actuaciones procesales.
¿Se podrán celebrar todas las audiencias por internet?
No. La reforma contempla audiencias presenciales, semipresenciales y virtuales, pero mantiene una limitación importante: las audiencias virtuales podrán celebrarse en distintas materias excepto la penal, salvo los supuestos excepcionales previstos expresamente en la legislación.
La norma también dispone mecanismos para situaciones extraordinarias, como casos fortuitos, fuerza mayor o estados de excepción que afecten la prestación presencial del servicio.
¿Cuándo entra en vigor?
La promulgación no debe confundirse con la puesta en funcionamiento inmediato de todos los sistemas digitales. Según la Consultoría Jurídica, la Ley 87-26 entrará en vigencia después de su promulgación y publicación oficial, una vez transcurridos los plazos que establecen la Constitución y el Código Civil.
La implementación práctica dependerá además de que existan plataformas disponibles, personal capacitado y procedimientos accesibles para la ciudadanía.
El desafío de modernizar sin excluir
La reforma abre oportunidades para agilizar el manejo de expedientes, reducir desplazamientos y mejorar la verificación de actuaciones. Sin embargo, su resultado deberá medirse en tiempos de respuesta, protección de datos, funcionamiento de los portales y disponibilidad real de atención presencial.
La digitalización judicial forma parte de una transformación institucional más amplia. Voces del Oeste también ha informado sobre los proyectos de trámites digitales y nuevos puntos de atención ciudadana.
Fuentes: Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, 6 de noviembre de 2026; Poder Judicial, 6 de noviembre de 2026.
