Santo Domingo, República Dominicana. — El Ministerio de Administración Pública (MAP) anunció que durante 2027 elaborará un Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público, con el propósito de definir cómo las instituciones del Estado dominicano podrán adoptar y utilizar estas herramientas sin comprometer los derechos de los ciudadanos.
El anuncio fue divulgado el 6 de noviembre de 2026. La propuesta deberá ser sometida posteriormente al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decreto. Por tanto, todavía no se trata de un reglamento aprobado ni existe una fecha oficial de entrada en vigor.
¿Qué regulará la inteligencia artificial en las instituciones públicas?
Según el MAP, el instrumento establecerá criterios comunes de gobernanza, evaluación de riesgos, responsabilidades institucionales, transparencia y protección de derechos. La finalidad es que las entidades públicas cuenten con pautas para adquirir, implementar y supervisar sistemas de IA utilizados en la prestación de servicios o para apoyar decisiones administrativas.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, explicó que la modernización tecnológica debe traducirse en trámites más sencillos, atención oportuna y servicios accesibles, al tiempo que se protege a la población frente a decisiones automatizadas inapropiadas.
Ya existe un Código de Ética aprobado en noviembre
El anuncio se produce después de la aprobación del Decreto 787-26, fechado el 2 de noviembre, que establece el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos. Ese código incluye principios de protección de datos personales, no discriminación, transparencia, debido proceso y supervisión humana.
También contempla evaluaciones de impacto para sistemas de alto riesgo que puedan afectar derechos fundamentales o el acceso a prestaciones y servicios esenciales. El futuro reglamento, en cambio, todavía está en fase de planificación y deberá precisar mecanismos operativos de aplicación y responsabilidades.
Voces del Oeste informó anteriormente sobre el Código de Ética de IA aprobado por el Gobierno. La nueva iniciativa debe entenderse como un paso posterior dentro de esa agenda.
Datos compartidos y trámites digitales: cinco áreas de trabajo
Freund indicó que el MAP está trabajando en cinco frentes relacionados: interoperabilidad y datos; servicios públicos digitales y proactivos; arquitectura digital del Estado; coordinación de inversiones tecnológicas; y formación de servidores públicos.
Entre las disposiciones existentes, la institución citó el Decreto 403-26 sobre gobernanza e interoperabilidad de datos, el 384-26 sobre servicios proactivos y el 714-26 sobre coordinación de la infraestructura digital estatal.
En conjunto, estas iniciativas buscan reducir trámites repetidos, facilitar el intercambio seguro de información entre organismos y evitar inversiones tecnológicas duplicadas. Su efectividad dependerá de la aplicación técnica y del control de riesgos.
Capacitación de empleados públicos y evaluación del país
El MAP también prepara un marco de competencias digitales para servidores públicos en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con acompañamiento de organismos internacionales como el BID y la Cepal.
Además, la institución vincula el trabajo con la Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial, desarrollada con apoyo del PNUD, para identificar las capacidades y necesidades del país en infraestructura, gestión de datos, formación y regulación.
¿Qué cambia para el ciudadano desde ahora?
El anuncio no significa que desde hoy todos los trámites gubernamentales utilizarán inteligencia artificial, ni que exista autorización para sustituir sin supervisión las decisiones de funcionarios por sistemas automáticos.
El Gobierno presenta la propuesta como parte de una política de innovación responsable, pero su alcance final solo podrá establecerse cuando el texto del reglamento sea publicado, sometido a los procesos correspondientes y, en su caso, aprobado por el Poder Ejecutivo.
Para evaluar la medida será importante conocer qué sistemas tendrán obligación de registrarse, cómo podrán los ciudadanos solicitar explicaciones o revisión humana y cuáles organismos fiscalizarán el cumplimiento de las reglas.
Fuentes: Presidencia de la República, 6 de noviembre de 2026; Ministerio de Administración Pública, noviembre de 2026; Consultoría Jurídica, 4 de noviembre de 2026.
