Santo Domingo. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana reveló que al menos 1,337 funcionarios públicos permanecían sin presentar su declaración jurada de patrimonio al corte del 30 de junio, incumpliendo con lo establecido en la Ley 311-14, que regula la transparencia y el control del patrimonio de los servidores públicos.
De acuerdo con el informe, el mayor nivel de incumplimiento se concentra en los gobiernos locales. De los funcionarios pendientes, 1,070 pertenecen a ayuntamientos y juntas distritales, mientras que 222 forman parte de instituciones del Poder Ejecutivo. La lista también incluye jueces, procuradores, legisladores y otros servidores de distintos organismos del Estado.
La Cámara de Cuentas explicó que algunos nombres aparecen más de una vez en los registros debido a que incumplieron la obligación tanto al asumir un nuevo cargo como al cesar en sus funciones, situaciones en las que la legislación exige la presentación de una declaración jurada.
Una herramienta clave para la transparencia
La declaración jurada de patrimonio constituye uno de los principales mecanismos para fortalecer la transparencia en la administración pública. Este documento permite registrar los bienes, activos y obligaciones económicas de los funcionarios, facilitando la supervisión del posible enriquecimiento ilícito, los conflictos de interés y el uso adecuado de los recursos públicos.
La Ley 311-14 establece que los funcionarios obligados deben presentar su declaración dentro de los 30 días siguientes al inicio o al término de sus funciones. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y otras consecuencias contempladas en la normativa vigente.
Un reto para fortalecer la confianza ciudadana
El informe vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el país en materia de cumplimiento de las normas de transparencia y rendición de cuentas. Especialistas consideran que garantizar que todos los funcionarios presenten oportunamente sus declaraciones fortalece la credibilidad de las instituciones y contribuye a una gestión pública más abierta y responsable.
La publicación de estos datos también abre el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento y fiscalización para asegurar que las disposiciones legales se cumplan en todos los niveles del Estado, especialmente en el ámbito municipal, donde se concentra la mayor cantidad de casos reportados.