Santo Domingo.– El Ministerio de Justicia sostuvo un encuentro con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), orientado a fortalecer los mecanismos de diálogo y colaboración entre el Estado y el sector empresarial en materia de derechos humanos.
La reunión se desarrolló en la sede del CONEP y estuvo encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el presidente del organismo empresarial, Celso Juan Marranzini, y su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, junto a representantes de ambas instituciones.
Durante el encuentro se abordó la importancia de mantener espacios permanentes de coordinación entre las autoridades y el empresariado, especialmente frente a los desafíos que supone incorporar el respeto y la protección de los derechos humanos dentro de las prácticas empresariales y de las políticas públicas.
La reunión representa además un acercamiento institucional relevante para el Ministerio de Justicia, llamado a desempeñar un papel en la articulación de políticas relacionadas con el sistema de justicia, la protección de derechos y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Para el sector privado, el diálogo sobre derechos humanos adquiere una dimensión cada vez más importante. Las empresas no solamente enfrentan responsabilidades económicas y laborales, sino también mayores exigencias relacionadas con condiciones dignas de trabajo, igualdad, no discriminación, protección de las personas y buenas prácticas corporativas.
El encuentro entre Peralta Romero y Marranzini también evidencia la intención de establecer canales de cooperación con uno de los principales organismos representativos del empresariado dominicano, procurando que las políticas que involucren al sector productivo puedan desarrollarse mediante el diálogo institucional.
La coordinación entre el Ministerio de Justicia y el CONEP abre así un espacio para construir iniciativas conjuntas y fortalecer una cultura empresarial en la que la productividad y el crecimiento económico puedan avanzar acompañados del respeto a los derechos fundamentales.
El desafío será convertir este acercamiento en acciones concretas, estableciendo mecanismos de colaboración capaces de generar resultados tanto para las empresas como para trabajadores y ciudadanos, bajo una visión en la que desarrollo económico, institucionalidad y derechos humanos no sean objetivos separados, sino componentes de una misma agenda nacional.
