Nueva York. Una política de verificación de pago de Delta Air Lines está generando preocupación entre viajeros que compran boletos para familiares, empleados o colegas y no estarán incluidos en el itinerario.
La medida puede requerir que el titular de la tarjeta de crédito se presente físicamente en un mostrador de Delta con la tarjeta utilizada y una identificación oficial, aun cuando la persona que viajará sea otra. Aunque la aerolínea presenta el requisito como una herramienta de prevención de fraude, usuarios cuestionan que su aplicación pueda resultar costosa, poco práctica y desproporcionada para compradores legítimos.
Henry A. Montero, residente en Yonkers, señaló que la exigencia puede obligar a una persona a trasladarse hasta el aeropuerto JFK únicamente para demostrar que una compra fue autorizada.
“Viajar de Yonkers a JFK para presentar una tarjeta representa gastos de transporte, estacionamiento o tránsito, tiempo fuera del trabajo y los riesgos propios de desplazarse sin necesidad a un aeropuerto tan concurrido”, planteó Montero en una comunicación dirigida a los equipos de Servicio al Cliente y Privacidad de Delta.
El planteamiento adquiere relevancia para la comunidad dominicana y latina de Nueva York, donde es frecuente que una persona compre un pasaje para un hijo, padre, cónyuge, familiar, trabajador, contratista o colega que necesita viajar por razones urgentes, familiares o profesionales.
En esos casos, el comprador puede no viajar, mientras que el pasajero necesita abordar el vuelo. La exigencia de que el titular de la tarjeta se presente en persona puede crear una carga adicional para ambas partes y, en determinadas circunstancias, retrasar una gestión de viaje necesaria.
Un problema de seguridad y acceso
Montero afirma que apoya los esfuerzos de las aerolíneas para combatir el fraude con tarjetas de crédito. Sin embargo, sostiene que una política de seguridad no debe trasladar al cliente legítimo la carga de asumir gastos, tiempo y riesgos evitables cuando existen mecanismos tecnológicos más modernos.
“La prevención de fraude es necesaria, pero no debe convertirse en un obstáculo que obligue al cliente a desplazarse al aeropuerto solo para confirmar un pago que puede verificarse de manera remota y segura”, expresó.
Entre las alternativas planteadas a Delta se encuentran la verificación segura de identidad en línea, códigos de autenticación enviados al teléfono o correo electrónico verificado, confirmación bancaria, un portal seguro para documentos, llamadas de confirmación y un proceso de autorización para pasajeros designados.
También propone una revisión de riesgo basada en historial de cuenta, coincidencia de dirección de facturación, dispositivo utilizado y transacciones anteriores exitosas.
Conectividad aérea y servicio al cliente
El debate ocurre en un contexto de alta conectividad entre Estados Unidos y República Dominicana. Delta mantiene presencia en los cuatro principales puntos de entrada que conectan a la aerolínea con el país: Punta Cana (PUJ), Santo Domingo (SDQ), Santiago de los Caballeros (STI) y Puerto Plata (POP).
Punta Cana concentra una parte importante del tráfico turístico, con vuelos sin escalas desde Nueva York-JFK y Atlanta, además de rutas estacionales desde otros mercados de Estados Unidos. Santo Domingo es una conexión estratégica para la capital y los viajeros de negocios, familiares y turísticos; Delta informó previamente que ha transportado más de 16 millones de pasajeros hacia y desde República Dominicana desde 2004.
Santiago sirve de enlace directo con la región del Cibao, mientras Puerto Plata conecta con la Costa Ámbar y el turismo del norte. En períodos de mayor demanda, la conectividad entre los principales centros estadounidenses y República Dominicana puede superar las diez salidas diarias, aunque las frecuencias, horarios y rutas están sujetos a ajustes estacionales y a la programación vigente de la aerolínea.
Para Montero, precisamente por la importancia de estas rutas para familias y viajeros frecuentes, Delta debe incorporar un mecanismo de verificación remota que proteja a la empresa y a sus clientes sin imponer desplazamientos innecesarios.
“Una política diseñada para reducir el fraude no debe obligar a un cliente legítimo a asumir costos y riesgos adicionales solo para probar que realizó una compra válida”, concluyó.
