La suspensión del proyecto minero Romero desata un debate nacional entre desarrollo económico, presión social y protección ambiental.
La decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana, ha provocado un intenso debate nacional entre desarrollo económico, protección ambiental y presión social.
El anuncio presidencial se produjo luego de varias jornadas de protestas comunitarias, movilizaciones sociales y reclamos de sectores ambientalistas que rechazaban la posible explotación minera en la zona de El Romero, un proyecto impulsado por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp.
En un mensaje dirigido al país, Abinader aseguró que su gobierno “escucha al pueblo” y explicó que la decisión responde a lo establecido en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, la cual contempla que proyectos de esta naturaleza no pueden avanzar cuando existe un rechazo social masivo.
La medida ha sido celebrada por amplios sectores de San Juan, conocida históricamente como “El Granero del Sur”, donde muchos ciudadanos consideran que la minería podría poner en riesgo recursos hídricos esenciales para la agricultura y la vida de miles de familias. Tras el anuncio presidencial, residentes salieron a las calles a celebrar con banderas, consignas y caravanas, calificando la decisión como una victoria ambiental y comunitaria.
Sin embargo, la suspensión también ha generado críticas desde sectores empresariales y económicos. Representantes del sector privado, incluyendo dirigentes del CONEP, cuestionaron que una inversión minera de gran magnitud sea detenida sin concluir completamente los estudios técnicos y ambientales correspondientes.
El proyecto Romero contemplaba la extracción subterránea de oro, cobre y plata, con reservas valoradas en miles de millones de dólares, según datos divulgados por la empresa. Sus promotores argumentaban que la minería subterránea tendría un impacto menor en comparación con explotaciones a cielo abierto.
El debate ha dividido opiniones en todo el país. Para algunos, la decisión de Abinader representa una muestra de sensibilidad política y respeto a la voluntad popular. Para otros, refleja la creciente dificultad del Estado dominicano para impulsar proyectos económicos estratégicos frente a la presión social.
También ha quedado sobre la mesa una discusión más profunda: ¿cómo puede la República Dominicana equilibrar crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y estabilidad social en provincias históricamente afectadas por la pobreza y la falta de oportunidades?
Mientras tanto, en San Juan, el mensaje de gran parte de la población parece claro: el agua, la agricultura y la preservación ambiental continúan siendo prioridades innegociables para la provincia.
