Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana incorporó nuevos requisitos para consultar y descargar determinados informes de auditoría desde su plataforma digital, una decisión que ha generado cuestionamientos sobre el acceso ciudadano a documentos relacionados con la administración de los recursos públicos.
Usuarios y periodistas han reportado que, para obtener algunos informes, ahora deben proporcionar una dirección de correo electrónico, introducir una clave de seguridad y completar formularios digitales. El proceso sustituye la descarga directa que debería caracterizar la publicación de documentos de interés público.
La medida ha provocado preocupación porque las auditorías no contienen información privada reservada para usuarios registrados. Son documentos elaborados con fondos públicos y destinados a mostrar cómo ministerios, ayuntamientos, organismos autónomos y otras instituciones manejan el dinero del Estado.
Un filtro entre el ciudadano y la información
La Cámara de Cuentas puede establecer mecanismos de seguridad para proteger su plataforma contra ataques informáticos, descargas automatizadas o manipulación de archivos. Sin embargo, cualquier control tecnológico debe ser proporcional y no convertirse en una barrera para quienes desean ejercer su derecho a fiscalizar.
Solicitar un correo electrónico también abre interrogantes sobre la recopilación de datos personales. La institución debería explicar para qué utilizará esa información, durante cuánto tiempo la conservará y si llevará registros que permitan identificar cuáles auditorías consulta cada ciudadano.
Un código de seguridad destinado a comprobar que el usuario es una persona puede considerarse una medida técnica razonable. El problema surge cuando se acumulan distintos pasos, formularios y validaciones antes de permitir el acceso a un documento que debería estar disponible de forma abierta e inmediata.
La transparencia debe facilitar, no desalentar
La Cámara de Cuentas es el principal órgano de control externo de los recursos públicos en República Dominicana. Su función no termina al realizar una auditoría: también debe garantizar que sus resultados sean divulgados de manera comprensible y accesible.
Cada requisito innecesario reduce la posibilidad de que periodistas, investigadores, organizaciones sociales y ciudadanos puedan examinar los hallazgos, comparar instituciones y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.
La Ley de Libre Acceso a la Información Pública reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir información de las instituciones estatales sin tener que demostrar un interés particular. Por eso, los informes que ya han sido aprobados y publicados no deberían quedar condicionados a procedimientos que dificulten su consulta.
Se necesita una explicación institucional
Hasta el momento, no se ha identificado una explicación pública detallada de la Cámara de Cuentas sobre la necesidad de los nuevos requisitos. La institución debe aclarar su alcance, fundamento, finalidad y duración, así como informar si todos los documentos estarán sometidos al mismo procedimiento.
También debe garantizar que las personas sin grandes conocimientos tecnológicos, con conexiones limitadas o que no deseen proporcionar datos personales puedan consultar las auditorías sin obstáculos.
Modernizar una plataforma no significa llenar de formularios el camino hacia la información. La verdadera transformación digital elimina pasos, mejora los buscadores, permite descargas rápidas y presenta los datos de forma sencilla.
La Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad de vigilar cómo se administra el patrimonio nacional. Pero para que esa vigilancia sea efectiva, sus resultados deben permanecer al alcance de todos. Una auditoría pública que existe, pero que resulta difícil consultar, pierde una parte esencial de su propósito.
