Santo Domingo. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) valoró de manera positiva la entrada en vigor de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal de la República Dominicana, al considerar que representa un paso importante para modernizar el sistema de justicia y reforzar el combate contra la corrupción administrativa.
La organización sostuvo que la nueva legislación incorpora herramientas jurídicas más robustas para investigar, prevenir y sancionar los delitos que afectan el patrimonio público, fortaleciendo la capacidad del Estado para perseguir actos de corrupción y exigir mayores niveles de responsabilidad a los funcionarios públicos.
Un marco legal más amplio
Según ADOCCO, uno de los principales avances del nuevo Código Penal es la ampliación del catálogo de delitos vinculados a la administración pública, incorporando figuras penales que responden a las nuevas modalidades de corrupción.
Entre las conductas que reciben un tratamiento más riguroso se encuentran la corrupción administrativa, el soborno, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, la malversación de fondos públicos y el peculado, entre otros delitos que lesionan los recursos del Estado.
La entidad entiende que estas disposiciones permiten cerrar vacíos legales que anteriormente dificultaban la persecución de determinadas conductas ilícitas.
Sanciones más severas
ADOCCO destacó que la nueva normativa no solo amplía las figuras delictivas, sino que también endurece las consecuencias para quienes sean encontrados culpables.
Entre las medidas contempladas figuran sanciones penales más estrictas, el decomiso de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, mecanismos que buscan reducir los niveles de impunidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Asimismo, las disposiciones alcanzan tanto a funcionarios y servidores públicos como a personas físicas o jurídicas que participen o faciliten actos de corrupción.
Un reto para las instituciones
La organización advirtió que el verdadero impacto del nuevo Código Penal dependerá de su correcta aplicación por parte de los órganos encargados de investigar, acusar y juzgar los delitos.
En ese sentido, consideró indispensable que el Ministerio Público, los tribunales y los organismos de control actúen con independencia, transparencia y apego a la ley para garantizar que las nuevas disposiciones produzcan resultados concretos.
ADOCCO sostuvo que la actualización del Código Penal constituye una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho y enviar un mensaje claro de que la corrupción debe enfrentar consecuencias reales.
Un paso hacia una mayor transparencia
Con la entrada en vigor de la Ley 74-25, República Dominicana inicia una nueva etapa en materia penal, con un marco jurídico que busca responder a los desafíos actuales de la criminalidad y, especialmente, reforzar los mecanismos de prevención y sanción de los delitos contra la administración pública.
Para ADOCCO, este nuevo instrumento legal representa un avance significativo en la consolidación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y protección del patrimonio del Estado, aunque insiste en que el éxito de la reforma dependerá de su aplicación efectiva y del compromiso de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
