Vivimos rodeados de situaciones que deberían indignarnos, pero que, por repetirse con tanta frecuencia, comienzan a parecernos normales. La basura acumulada en las calles, los hospitales sin recursos suficientes, los barrios sin agua potable, la violencia que ocupa los titulares y la corrupción que se disfraza de costumbre ya no siempre provocan la reacción que deberían. Las vemos, las comentamos por unos minutos y luego seguimos adelante, como si nada pudiera cambiar.
Ese es uno de los mayores peligros que enfrenta una sociedad: acostumbrarse a lo que está mal. Porque cuando la indignación desaparece, también comienza a debilitarse nuestra capacidad de exigir. Dejamos de preguntar, de reclamar y de señalar responsabilidades. Terminamos aceptando como parte de la vida aquello que, en realidad, representa una vulneración de nuestros derechos y una amenaza para nuestra convivencia.
Nos hemos acostumbrado a escuchar que una comunidad lleva meses sin agua, que una familia perdió todo por una inundación que pudo prevenirse o que un ciudadano murió esperando una atención médica adecuada. Nos acostumbramos a las escuelas deterioradas, al tránsito caótico, a la inseguridad y a la falta de consecuencias. Lo más preocupante no es únicamente que estas cosas ocurran, sino que cada vez nos sorprenden menos.
También hemos normalizado la agresividad, la humillación pública y la falta de respeto. En las redes sociales se destruyen reputaciones en cuestión de minutos, se celebran las burlas y se confunde la libertad de expresión con el derecho a lastimar. La violencia ya no siempre se presenta con golpes; muchas veces aparece en palabras, amenazas, abandono e indiferencia. Y cuando la crueldad se convierte en entretenimiento, todos perdemos una parte de nuestra humanidad.
No podemos permitir que la repetición convierta una injusticia en algo aceptable. Que un problema ocurra todos los días no significa que sea normal. Significa que lleva demasiado tiempo sin resolverse. La pobreza no es normal. La corrupción no es normal. La violencia contra las mujeres y los niños no es normal. Vivir entre basura, miedo y abandono tampoco debe asumirse como el destino inevitable de ninguna comunidad.
Las autoridades tienen la obligación de responder, pero la ciudadanía también tiene la responsabilidad de no guardar silencio. Una sociedad vigilante no es una sociedad problemática; es una sociedad consciente de sus derechos. Exigir transparencia, servicios dignos, seguridad y respeto no es crear conflictos. Es defender la vida que merecemos.
Debemos recuperar la capacidad de indignarnos, pero también la voluntad de actuar. No basta con quejarnos en privado ni con compartir una noticia durante unas horas. Es necesario participar, denunciar responsablemente, acompañar a nuestras comunidades y recordarles a quienes ocupan posiciones de poder que administrar lo público implica servir, rendir cuentas y responder.
Una sociedad no comienza a perderse solamente cuando aumentan sus problemas. Comienza a perderse cuando deja de reaccionar ante ellos; cuando mira hacia otro lado, guarda silencio y termina creyendo que nada puede hacerse.
Todavía estamos a tiempo de despertar. Todavía podemos negarnos a aceptar lo inaceptable y recordar que las transformaciones comienzan cuando alguien se atreve a decir: esto está mal y no debe continuar.
Desde el escritorio de la editora
Annie Fernández
