Por Voces del Oeste | Política
Santo Domingo. El empresario y comunicador Santiago Matías (Alofoke) elevó este lunes el tono del debate sobre el nuevo Código Penal al advertir que convocará un paro nacional e internacional si el Gobierno no impulsa la eliminación de los artículos 308 y 310, los cuales considera una amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Matías concedió un plazo de 48 horas al presidente Luis Abinader para promover la modificación de esos artículos antes de la entrada en vigor de la nueva legislación prevista para el próximo mes de agosto.
Según explicó, las disposiciones cuestionadas podrían limitar la difusión de imágenes y videos de funcionarios públicos sin su consentimiento, situación que, a su juicio, dificultaría la denuncia de hechos de interés público y afectaría el trabajo de periodistas, comunicadores y ciudadanos que utilizan las redes sociales para documentar acontecimientos.
Como ejemplo, mencionó el video que mostró el incidente en Herrera, donde un agente policial causó la muerte de un joven, señalando que, bajo la interpretación que hace de la nueva normativa, ese tipo de material podría enfrentar restricciones para su publicación.
El comunicador afirmó que, de no producirse cambios en el plazo establecido, promoverá un paro nacional e internacional, asegurando que buscará el respaldo de dominicanos residentes en Estados Unidos, Europa y otros países para ejercer presión sobre las autoridades.
Las declaraciones han provocado un intenso debate en la opinión pública. Mientras algunos sectores respaldan su postura al considerar que la legislación debe garantizar plenamente la libertad de prensa y el derecho ciudadano a documentar actuaciones de funcionarios públicos, otros sostienen que cualquier diferencia con el Código Penal debe canalizarse mediante los mecanismos institucionales y el diálogo democrático.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial al ultimátum planteado por Matías. Entretanto, el tema ha vuelto a colocar en el centro de la discusión nacional el equilibrio entre la protección de los derechos individuales, la privacidad y la libertad de expresión.
La controversia promete mantenerse en la agenda pública durante los próximos días, en un momento en que diversos sectores sociales, jurídicos y políticos continúan analizando el alcance de las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal y su impacto sobre el ejercicio de las libertades fundamentales en la República Dominicana.