Santo Domingo. La libertad de expresión volvió a ocupar el centro del debate legislativo dominicano tras la introducción de una propuesta del senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, orientada a modificar la Ley 74-25 con el propósito de fortalecer las garantías constitucionales que protegen el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente.
La iniciativa surge en un contexto marcado por las preocupaciones expresadas por periodistas, abogados, académicos, organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, quienes han advertido sobre la necesidad de revisar aquellas disposiciones legales que, aun teniendo como finalidad proteger el honor y la dignidad de las personas, podrían interpretarse de manera restrictiva y generar efectos inhibitorios sobre el ejercicio del periodismo y la crítica ciudadana.
Para el legislador, el desafío consiste en encontrar un equilibrio adecuado entre dos derechos fundamentales que conviven dentro del sistema democrático: la protección de la reputación y el derecho de toda persona a expresar opiniones, investigar, denunciar e informar sobre asuntos de interés público sin temor a represalias desproporcionadas.
La propuesta plantea revisar aspectos específicos de la normativa vigente para garantizar que ninguna disposición pueda ser utilizada como mecanismo de censura directa o indirecta. El objetivo es asegurar que cualquier sanción derivada del uso abusivo de la palabra responda a criterios de proporcionalidad, debido proceso y respeto a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La Constitución de la República Dominicana reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental indispensable para la vida democrática. De igual manera, instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin censura previa y por cualquier medio de comunicación.
En ese sentido, la discusión sobre la Ley 74-25 trasciende el ámbito estrictamente jurídico. Se trata de definir cuáles serán las reglas que regirán el debate público en una era marcada por la inmediatez de las redes sociales, la expansión de las plataformas digitales y la creciente participación ciudadana en la generación de contenidos e informaciones.
Quienes respaldan la revisión de la legislación consideran que un marco legal moderno debe evitar que el temor a demandas o sanciones excesivas provoque autocensura entre periodistas, comunicadores, activistas o ciudadanos que cuestionen actuaciones de funcionarios públicos o denuncien hechos de relevancia colectiva.
Por otro lado, también existe consenso en que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y debe ejercerse con responsabilidad, respetando la dignidad humana y evitando la difusión deliberada de informaciones falsas o acusaciones infundadas que lesionen injustamente la reputación de terceros.
Precisamente, el reto del Congreso Nacional será construir una legislación equilibrada que proteja ambos bienes jurídicos: el honor y la libre expresión. Una democracia sólida no obliga a elegir entre uno u otro; por el contrario, encuentra mecanismos para garantizar que ambos coexistan sin que la protección de uno implique el debilitamiento del otro.
La iniciativa presentada por Antonio Taveras Guzmán abre una discusión necesaria y oportuna sobre los límites del poder sancionador del Estado frente a la palabra y sobre la importancia de preservar un espacio público donde el disenso, la investigación periodística y la crítica responsable continúen siendo herramientas legítimas para la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional.
El debate apenas comienza, pero su desenlace tendrá un impacto significativo en la manera en que los dominicanos ejercerán uno de los derechos más esenciales de toda sociedad democrática: el derecho a expresarse libremente.
