Cada fin de semana, y en ocasiones hasta en plena madrugada de días laborables, importantes avenidas y calles del Gran Santo Domingo se convierten en improvisadas pistas de velocidad. Decenas de motoristas, muchos de ellos jóvenes, participan en carreras clandestinas que desafían no solo las leyes de tránsito, sino también el derecho de los ciudadanos a transitar con seguridad.
El rugido de los motores, las acrobacias a alta velocidad y las apuestas informales forman parte de una realidad que ya no puede verse como simples actos de imprudencia juvenil. Se trata de una práctica peligrosa que pone en riesgo vidas inocentes y evidencia las debilidades del sistema de vigilancia y control del tránsito.
Un espectáculo que puede terminar en tragedia
Estas competencias ilegales suelen desarrollarse en vías de alto flujo vehicular o en zonas donde la presencia policial disminuye durante la noche. Los participantes realizan maniobras temerarias, circulan sin equipos de protección adecuados y, en muchos casos, ignoran completamente los semáforos y las normas de tránsito.
El problema no afecta únicamente a quienes deciden correr. Conductores, peatones, pasajeros del transporte público e incluso residentes de las zonas donde ocurren estas actividades quedan expuestos a accidentes que pueden dejar consecuencias irreparables.
La velocidad excesiva, sumada a la falta de supervisión y al consumo de alcohol o sustancias en algunos casos, convierte estas carreras en verdaderas bombas de tiempo sobre el asfalto.
¿Qué están haciendo las autoridades?
Las autoridades han realizado operativos y retenido miles de motocicletas por distintas infracciones. De acuerdo con informaciones oficiales, más de 19,000 motociclistas fueron fiscalizados y más de 6,000 motocicletas retenidas durante recientes intervenciones en el Gran Santo Domingo.
Sin embargo, la percepción ciudadana es que estas acciones siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
Los operativos suelen intensificarse durante algunos fines de semana, pero muchos ciudadanos denuncian que las carreras reaparecen días después en los mismos lugares o se trasladan a otras avenidas. La falta de una vigilancia permanente y de consecuencias ejemplares alimenta la sensación de impunidad.
Más allá de las multas
La solución no puede limitarse únicamente a retener motocicletas o imponer sanciones económicas. Es necesario fortalecer la presencia preventiva en los puntos identificados como escenarios frecuentes de estas carreras, utilizar herramientas tecnológicas para detectar a los reincidentes y aplicar rigurosamente las disposiciones de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
También resulta indispensable promover campañas educativas dirigidas a los jóvenes, involucrar a las familias y crear espacios seguros donde quienes sienten pasión por el motociclismo puedan canalizar ese interés de manera organizada y bajo supervisión.
El derecho a regresar a casa
Cada conductor que sale a trabajar, cada padre que lleva a sus hijos a la escuela y cada peatón que cruza una calle tiene derecho a regresar sano y salvo a su hogar.
Las carreras clandestinas no son un entretenimiento inofensivo ni una demostración de valentía. Son una conducta irresponsable que amenaza la seguridad colectiva y que exige respuestas más firmes, sostenidas y efectivas por parte de las autoridades.
Mientras las instituciones reaccionen solo después de que ocurra una tragedia, Santo Domingo continuará viviendo con el temor de que una noche cualquiera, el sonido de una motocicleta acelerando sea el anuncio de una nueva pérdida que pudo haberse evitado.
Porque el verdadero reto no es perseguir a los infractores después del desastre, sino impedir que la próxima carrera clandestina cobre una vida más.
