Por Annie Fernández Selman | Editora
Aclaración importante: El término “Ley Mordaza” no corresponde al nombre oficial del proyecto legislativo. Se trata de una denominación utilizada por algunos de sus críticos para expresar preocupación sobre el posible impacto de la iniciativa en la libertad de expresión. Presentarlo como una etiqueta atribuida por sus opositores contribuye a mantener la neutralidad periodística y a ofrecer al lector una visión más objetiva del debate.
La discusión sobre la denominada “Ley Mordaza” se ha convertido en uno de los temas más controversiales del panorama nacional. Mientras algunos sectores sostienen que el proyecto busca modernizar el marco legal de la comunicación y proteger derechos fundamentales, otros advierten que podría convertirse en una herramienta capaz de limitar la libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo.
El proyecto, denominado oficialmente Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, fue presentado con el argumento de actualizar una legislación que muchos consideran desfasada frente a la realidad digital, el auge de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación que han transformado la manera en que los ciudadanos informan y se informan.
Sin embargo, desde su presentación ha generado fuertes críticas de periodistas, comunicadores, activistas y ciudadanos preocupados por el alcance de algunas de sus disposiciones.
Quienes rechazan la iniciativa entienden que ciertas sanciones contempladas podrían provocar un efecto de autocensura, especialmente entre medios digitales independientes y creadores de contenido. Argumentan que el temor a enfrentar demandas, multas o procesos judiciales podría desincentivar la denuncia pública, la investigación periodística y el cuestionamiento legítimo al poder.
Por otro lado, quienes respaldan la propuesta aseguran que el proyecto no pretende censurar opiniones ni restringir el debate democrático. Afirman que su propósito es establecer responsabilidades claras frente a la difamación, la injuria, la desinformación y las violaciones al derecho al honor y a la intimidad. Sostienen que ninguna democracia puede funcionar plenamente sin reglas que garanticen tanto la libertad de expresión como la protección de los derechos individuales.
El verdadero desafío radica en encontrar el equilibrio. Una sociedad democrática necesita ciudadanos libres para opinar, investigar y denunciar, pero también mecanismos que eviten abusos y protejan la dignidad de las personas. El problema surge cuando las normas son ambiguas o dejan espacio a interpretaciones que puedan utilizarse para silenciar voces incómodas o restringir el pluralismo.
La Constitución dominicana reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental. Por ello, cualquier legislación relacionada con los medios de comunicación debe construirse mediante un amplio consenso social, con la participación de periodistas, juristas, académicos, representantes de la sociedad civil y todos los sectores que puedan verse impactados por sus disposiciones.
Más allá del nombre con que se le conozca, el debate sobre esta llamada “Ley Mordaza” obliga al país a reflexionar sobre una pregunta esencial: ¿cómo proteger el derecho a informar y opinar sin sacrificar otros derechos igualmente importantes?
La respuesta no puede ser el silencio. Tampoco el libertinaje. Debe ser una legislación clara, equilibrada y transparente, capaz de fortalecer la democracia en lugar de debilitarla.
Porque una nación verdaderamente libre no es aquella donde nadie responde por sus palabras, sino aquella donde nadie tiene miedo de pronunciarlas.
