Santo Domingo. La Comisión de Revisión de la Ley 16-26 dio un paso decisivo hacia la regularización de las obligaciones pendientes del Estado con contratistas, al aprobar el protocolo de aplicación que servirá de base para iniciar el proceso de revisión, validación y pago de las deudas contempladas en esta legislación.
La medida forma parte del cumplimiento del mandato establecido por la Ley 16-26, normativa que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión especial encargada de evaluar las reclamaciones derivadas de obras ejecutadas, tanto con contratos formales como en aquellos casos donde no existía un contrato debidamente suscrito, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos.
Durante la primera sesión de trabajo, los integrantes de la comisión aprobaron el documento que definirá los procedimientos técnicos y administrativos para la recepción, revisión y evaluación de los expedientes, estableciendo un marco de actuación orientado a garantizar transparencia, seguridad jurídica y eficiencia en el proceso.
La comisión está presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y la integran además el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Según lo informado, las decisiones adoptadas permitirán avanzar en la implementación efectiva de la Ley 16-26, con el propósito de honrar los compromisos asumidos por el Estado con contratistas que acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa.
El protocolo aprobado establece los criterios técnicos, requisitos documentales y procedimientos que regirán la revisión y tramitación de los expedientes, los cuales serán de conocimiento público como parte de los principios de transparencia que sustentan el proceso.
Un paso esperado por el sector construcción
La puesta en marcha de este protocolo representa una noticia de gran importancia para cientos de contratistas y suplidores que durante años han mantenido reclamaciones por obras ejecutadas para el Estado. La implementación de reglas claras busca ofrecer mayor confianza al proceso y reducir la incertidumbre sobre la validación y el eventual pago de estas obligaciones.
Especialistas consideran que la correcta aplicación de la Ley 16-26 también podría contribuir a fortalecer la confianza entre el Estado y el sector privado, favoreciendo un ambiente de mayor seguridad para la inversión y la ejecución de futuros proyectos de infraestructura.
Con esta decisión, el Gobierno inicia una nueva etapa en la aplicación de la legislación, encaminada a resolver reclamaciones históricas mediante un proceso institucional, transparente y sujeto a criterios técnicos.
Voces del Oeste continuará dando seguimiento al desarrollo de este proceso y a las disposiciones que emita la comisión en las próximas semanas.