Por Voces del Oeste
Santo Domingo. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) reiteró que ningún sindicato, federación o empresa de transporte está autorizado para aumentar el precio del pasaje de manera unilateral, advirtiendo que cualquier incremento sin la aprobación correspondiente constituye una violación a la normativa vigente y podrá ser objeto de fiscalización y sanciones.
La reacción del organismo se produce luego de que algunos sectores del transporte anunciaran incrementos en las tarifas de varias rutas, argumentando el aumento de sus costos operativos, especialmente por el precio de los combustibles, peajes, mantenimiento y repuestos.
En un comunicado oficial, el INTRANT recordó que la fijación de las tarifas del transporte público es una facultad exclusiva del Estado y que cualquier modificación debe seguir el procedimiento establecido por la ley. La institución exhortó a los transportistas a respetar las tarifas vigentes mientras se desarrollan los canales de diálogo correspondientes.
La decisión busca evitar que miles de ciudadanos enfrenten un aumento inesperado en el costo del transporte, un servicio esencial para trabajadores, estudiantes y familias que diariamente dependen de autobuses, minibuses y carros públicos para desplazarse.
Mientras tanto, los dirigentes del transporte mantienen que el incremento en los costos de operación ha reducido considerablemente la rentabilidad del sector y continúan reclamando al Gobierno medidas como una ampliación de los subsidios a los combustibles y otros mecanismos de apoyo para evitar trasladar esos costos a los usuarios.
El conflicto abre un nuevo escenario de negociación entre las autoridades y los transportistas. Por un lado, el Gobierno busca preservar la estabilidad de las tarifas y proteger el bolsillo de la población; por el otro, los choferes sostienen que operar con los costos actuales resulta cada vez más difícil.
Por ahora, el mensaje del INTRANT es claro: no habrá aumentos del pasaje que no cuenten con la autorización legal correspondiente, y cualquier intento de aplicar nuevas tarifas sin ese aval podrá acarrear consecuencias para quienes incumplan la normativa.