Por Annie Fernández
Hay silencios que nacen de la prudencia y otros que forman parte de una estrategia. En política, en diplomacia y en el ejercicio del poder, no todo se dice de frente. A veces, el verdadero mensaje está en el momento elegido para hablar.
Eso parece haber ocurrido con la reciente publicación de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos.
Después de semanas de permanecer al margen de una controversia pública que la involucró indirectamente, reapareció defendiendo la libertad de expresión. No mencionó nombres. No respondió a quienes esperaban una confrontación. No intentó convertirse en protagonista de la discusión. Sin embargo, su mensaje llegó justo cuando el país comienza a transitar una nueva etapa con la entrada en vigor del Código Penal.
Y ese detalle cambia completamente la lectura.
En diplomacia, las coincidencias son escasas. Los mensajes suelen ser cuidadosamente calculados, no necesariamente para intervenir en los asuntos internos de un país, sino para reafirmar principios que forman parte de la política exterior de un Estado. Estados Unidos ha defendido históricamente la libertad de prensa y la libertad de expresión como pilares fundamentales de los sistemas democráticos. Desde esa perspectiva, las palabras de Campos podrían interpretarse como la continuidad de una línea institucional.
Pero en República Dominicana el contexto les dio otra dimensión.
El nuevo Código Penal ha abierto una discusión que trasciende el ámbito jurídico. Ya no se debate únicamente el contenido de una ley. Se debate el modelo de sociedad que queremos construir. Una sociedad donde el derecho al honor y a la intimidad encuentre protección frente a los excesos, o una donde la defensa de esos derechos no termine limitando la crítica, la investigación periodística y el debate ciudadano.
Ese es el verdadero desafío.
Porque ninguna democracia puede sostenerse únicamente sobre el respeto a la autoridad. También necesita ciudadanos capaces de cuestionarla. Necesita periodistas que investiguen sin temor, comunicadores que denuncien y una opinión pública que pueda debatir incluso aquello que resulta incómodo para quienes ejercen el poder.
La libertad de expresión nunca ha sido un derecho diseñado para proteger las opiniones populares. Su verdadera razón de existir es garantizar el espacio para aquellas ideas que generan incomodidad, contradicción o cuestionamiento. Cuando ese espacio comienza a reducirse, la democracia también empieza a hacerlo.
Sin embargo, el otro extremo tampoco puede ignorarse.
Las redes sociales han demostrado que la libertad mal utilizada puede convertirse en un instrumento para destruir reputaciones en cuestión de horas. Hoy cualquiera puede difundir información falsa, manipular contenidos o someter a una persona a un juicio público sin que exista una sentencia ni un debido proceso. El desafío consiste precisamente en encontrar el equilibrio entre proteger a las personas y preservar un derecho fundamental.
Ahí es donde el Estado tiene una responsabilidad enorme.
Las leyes deben ser lo suficientemente firmes para sancionar el abuso, pero también lo suficientemente prudentes para no convertirse en herramientas que desalienten la crítica legítima. La diferencia entre una democracia sólida y una frágil suele medirse justamente en esa capacidad de soportar la discrepancia.
Por eso, el mensaje de Leah Campos probablemente no deba analizarse como una respuesta a un comunicador ni como un episodio aislado. Lo verdaderamente relevante es que volvió a colocar sobre la mesa un tema que seguirá acompañando al país mucho después de que desaparezca la polémica del momento.
Las controversias pasan. Los nombres cambian. Las tendencias en redes sociales se olvidan.
Lo que permanece es la forma en que una nación decide proteger sus libertades.
Porque al final, las democracias no se ponen a prueba cuando todos están de acuerdo. Se ponen a prueba cuando una sociedad demuestra que puede convivir con las voces que incomodan sin necesidad de silenciarlas.
Y quizás esa sea la reflexión más importante que deja este episodio: que el verdadero debate nunca fue sobre Leah Campos. El verdadero debate siempre ha sido sobre nosotros, sobre la madurez de nuestras instituciones y sobre la clase de país que queremos dejar a las próximas generaciones.
