Por Annie Fernández Selman
Abogada | Analista | Editora de Voces del Oeste
Hay noticias que obligan a detenerse. No por el delito en sí, sino por lo que revelan sobre el sistema de justicia que hemos construido.
Un tribunal de San José de Ocoa condenó a seis meses de prisión a un joven hallado culpable del robo de 32 aguacates de una finca agrícola. La decisión ha generado un intenso debate nacional. No porque alguien defienda el robo —robar nunca debe ser normalizado—, sino porque inevitablemente surge una pregunta que muchos dominicanos se hacen: ¿están siendo utilizadas de la mejor manera las cárceles, los recursos del Estado y el aparato judicial?
Mantener a una persona privada de libertad tiene un costo que asume toda la sociedad. Alimentación, seguridad, atención médica, personal penitenciario, infraestructura, electricidad, agua y gastos administrativos representan una inversión constante de recursos públicos.
Y entonces aparece la gran interrogante.
¿Es razonable que el Estado destine todos esos recursos para encarcelar durante seis meses a una persona por el robo de 32 aguacates, mientras expedientes por corrupción, lavado de activos, homicidios, redes criminales y fraudes millonarios pasan años recorriendo los pasillos de los tribunales sin una sentencia definitiva?
Ese es el verdadero debate.
Porque esta historia dejó de tratar sobre aguacates desde el momento en que evidenció la percepción de una justicia que parece actuar con toda su velocidad cuando el acusado no tiene poder económico, político o influencia, pero que suele caminar con una lentitud desesperante cuando quienes ocupan el banquillo pertenecen a las élites o cuentan con recursos para prolongar indefinidamente los procesos.
No se trata de cuestionar que quien cometa un delito deba responder ante la ley. Todo acto ilícito merece una consecuencia. Lo que corresponde preguntarse es si la prisión siempre representa la mejor respuesta, especialmente en delitos patrimoniales de menor gravedad, cuando existen mecanismos como la reparación del daño, el trabajo comunitario o sanciones alternativas que también cumplen un propósito de justicia.
Mientras tanto, miles de víctimas siguen esperando respuestas en casos mucho más graves. Familias que perdieron seres queridos, ciudadanos afectados por grandes estafas y procesos de corrupción administrativa que involucran millones de pesos del patrimonio público permanecen durante años entre aplazamientos, incidentes y recursos judiciales.
Y es precisamente ahí donde nace la frustración ciudadana.
Porque la confianza en la justicia no depende únicamente de que existan condenas. Depende de que la ley se aplique con el mismo rigor, la misma rapidez y la misma firmeza para todos.
En medio de este debate surge otra pregunta que, conociendo el clima actual de las redes sociales, muchos se harán:
¿Qué pensará El Piro RD sobre este caso?
Quienes siguen sus plataformas conocen que ha construido parte de su discurso público cuestionando el funcionamiento de las instituciones y llamando a la ciudadanía a exigir cambios. Casos como este alimentan precisamente ese tipo de narrativas, porque resultan difíciles de explicar para una población que observa cómo una sentencia por el robo de 32 aguacates llega con relativa rapidez, mientras expedientes mucho más complejos permanecen durante años esperando una decisión definitiva.
Y esa es la clase de situaciones que terminan fortaleciendo voces críticas como la suya. No necesariamente porque tengan todas las respuestas, sino porque encuentran terreno fértil en una ciudadanía que percibe una justicia desigual.
La verdadera discusión, sin embargo, no debería centrarse en El Piro RD ni en ningún otro influencer.
La pregunta debe hacérnosla todos.
Porque cuando una condena por el robo de 32 aguacates genera más sensación de eficacia que los grandes casos que permanecen años esperando una decisión judicial, el problema deja de ser una sentencia aislada y pasa a convertirse en un asunto de credibilidad institucional.
No se trata de defender a quien robó. Se trata de preguntarnos si el sistema está priorizando correctamente sus esfuerzos y si la justicia está enviando el mismo mensaje para todos los ciudadanos.
Una democracia no se fortalece llenando cárceles por delitos menores mientras los grandes expedientes siguen acumulando polvo.
Se fortalece cuando la ley deja de mirar el tamaño de la billetera, el apellido, el cargo o la influencia de las personas y comienza a mirar únicamente los hechos.
Porque el verdadero costo no es mantener a un preso durante seis meses.
El verdadero costo es que cada vez más dominicanos comiencen a creer que la justicia no pesa igual para todos.