La medida cautelar busca impedir que sociedades relacionadas con proveedores suspendidos continúen participando, directa o indirectamente, en las contrataciones del Estado.
Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio y con carácter cautelar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas, luego de identificar posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y entidades investigadas por el Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública.
Las empresas afectadas por la medida son Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL; y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL. La disposición está contenida en el acto administrativo número DGCP44-2026-003760.
Según explicó el órgano rector, los procesos permanentes de verificación, interoperabilidad y cruce de información permitieron detectar coincidencias y conexiones entre estas sociedades y proveedores cuyos registros ya habían sido suspendidos dentro de investigaciones relacionadas con contrataciones públicas.
La DGCP señaló que la suspensión procura proteger los recursos públicos y evitar que personas o empresas sometidas a investigación puedan continuar participando indirectamente en procesos de compras estatales mediante otras razones sociales relacionadas.
Con esta decisión, las cuatro compañías quedan temporalmente inhabilitadas para participar como proveedoras del Estado mientras se profundizan las verificaciones correspondientes. La institución también informó que remitirá al Ministerio Público los hallazgos obtenidos durante el análisis, para que sean evaluados dentro de las investigaciones en curso.
La suspensión tiene naturaleza cautelar y preventiva, por lo que no constituye una sentencia definitiva ni determina por sí sola la responsabilidad penal de las empresas o de sus representantes. Las actuaciones deberán desarrollarse respetando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de identificar a los beneficiarios reales de las empresas que contratan con el Estado. Los vínculos familiares, comerciales o societarios pueden utilizarse para mantener operaciones a través de compañías distintas, aun cuando una persona o entidad relacionada se encuentre suspendida o bajo investigación.
La actuación de la DGCP representa una señal de mayor vigilancia dentro del sistema de contrataciones públicas y evidencia la importancia del cruce automatizado de datos para detectar posibles redes empresariales, conflictos de intereses y mecanismos destinados a evadir controles administrativos.
