Santo Domingo.– La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha intensificado las fiscalizaciones a establecimientos comerciales de capital chino que operan en la República Dominicana, ante posibles irregularidades tributarias, inconsistencias en sus inventarios y operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de activos.
El director general de la institución, Pedro Urrutia, explicó que las autoridades no solamente están revisando cuánto facturan estos negocios, sino también el origen de las mercancías que ofrecen al público. La DGII busca comprobar que cada producto vendido aparezca registrado en el inventario y esté respaldado por una compra o importación debidamente documentada.
El funcionario resumió el procedimiento de manera sencilla: si un artículo aparece como vendido, pero no existe evidencia de que fue comprado o importado legalmente, se produce una inconsistencia que debe ser investigada. Esa diferencia podría representar evasión fiscal, contrabando, alteración de inventarios o, dependiendo de las circunstancias y las pruebas recopiladas, una posible operación de lavado de activos.
La DGII ha realizado más de 60 fiscalizaciones a negocios de capital chino y otros establecimientos locales. Según Urrutia, estas inspecciones forman parte de los controles ordinarios de la administración tributaria y no deben interpretarse como una persecución basada en la nacionalidad de sus propietarios.
Inventarios bajo la lupa
Uno de los principales puntos examinados es el denominado inventario perpetuo, un sistema que permite identificar de manera continua cada mercancía que entra, permanece o sale de un establecimiento. Incluso la venta de un producto de bajo costo debe estar vinculada a una factura de compra, una declaración de importación o algún documento que demuestre su origen.
Cuando un comercio registra ventas millonarias, pero sus compras, importaciones o niveles de inventario no guardan relación con lo facturado, se genera una señal de alerta. Las autoridades pueden entonces ampliar la investigación para determinar de dónde salió la mercancía y cómo ingresaron los recursos utilizados para adquirirla.
La fiscalización también podría abarcar el cumplimiento del impuesto sobre la renta, el ITBIS, la emisión de comprobantes fiscales, las retenciones laborales y los reportes de operaciones comerciales. Si la DGII encuentra indicios que exceden su competencia tributaria, el expediente puede ser remitido a otras instituciones para profundizar las investigaciones.
Reclamos por competencia desigual
Durante los últimos meses, representantes del comercio dominicano han denunciado que algunos establecimientos de capital asiático ofrecen productos a precios difíciles de igualar, presuntamente debido a ventajas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, laborales o aduaneras.
Estas acusaciones deben ser demostradas de manera individual. La procedencia de los propietarios no constituye una prueba de ilegalidad y ninguna empresa puede ser declarada culpable solamente por estar siendo fiscalizada. Sin embargo, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que todos los comerciantes cumplan las mismas reglas.
La actuación de la DGII abre un debate que va más allá de los comercios chinos. El verdadero desafío consiste en fortalecer la trazabilidad de las mercancías, impedir la evasión fiscal y evitar que capitales de origen desconocido sean incorporados a la economía formal mediante ventas aparentemente legítimas.
Fiscalizar no significa condenar. Significa revisar, contrastar documentos y determinar si existe correspondencia entre lo comprado, lo importado, lo declarado y lo vendido. Si las operaciones están correctamente sustentadas, los negocios podrán demostrar su cumplimiento; si aparecen irregularidades, corresponderá a las autoridades establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones previstas por la ley.
