En pleno 2026, la identidad todavía depende de un libro

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Por Annie Fernández Selman

DESDE EL ESCRITORIO DE LA EDITORA

¿Cómo es posible que en pleno 2026 un ciudadano acuda a solicitar su acta de nacimiento y descubra que necesita una reconstrucción porque el libro donde fue registrado se deterioró, se perdió o ya no permite leer sus datos? La pregunta merece una respuesta que vaya más allá de entregar una lista de requisitos. Estamos hablando de documentos que el Estado recibió, administró y tenía la responsabilidad de custodiar.

Para quien escucha la explicación desde una oficina, puede tratarse de un procedimiento habitual. Para quien necesita el acta, puede significar la interrupción de un trámite, una oportunidad que se retrasa o una incertidumbre que nunca imaginó enfrentar. Esa persona no fue a investigar las condiciones del archivo. Fue a buscar una constancia de su nacimiento.

Conviene precisar qué significa reconstruir. No es simplemente reparar la cubierta de un libro antiguo ni escanear una página. Cuando la información de un registro se ha perdido o deteriorado y no existe otro original utilizable, hace falta recuperar su contenido mediante pruebas que permitan establecer lo que estuvo asentado. La Ley 4-23 contempla este procedimiento. Su existencia es necesaria, porque ofrece una salida a quien enfrenta ese problema. Pero que exista una solución legal no elimina la obligación de preguntar por qué sigue siendo necesaria y cómo se evita que otras personas terminen en la misma situación.

Los archivos históricos pueden sufrir daños. El papel envejece y los registros acumulados durante generaciones requieren conservación especializada. Tampoco sería justo atribuir automáticamente cada deterioro a las autoridades actuales. Sin embargo, reconocer la antigüedad del problema no puede convertirse en una explicación suficiente para el ciudadano que hoy necesita resolverlo.

El punto más delicado aparece cuando la persona debe aportar una copia de su propia acta, documentos anteriores u otras evidencias para reconstruir la información que debía estar bajo custodia institucional. La verificación es indispensable: un registro civil exige rigor y protección frente al fraude. Pero resulta difícil ignorar la contradicción de que el ciudadano termine buscando cómo demostrar lo que el Estado debió conservar.

Una copia guardada por una madre, un documento familiar o un extracto expedido años atrás pueden adquirir entonces un valor decisivo. Y surge una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con quien no conservó esos papeles, se mudó varias veces o perdió sus pertenencias? La capacidad de resolver una falla documental no debería depender de la suerte de encontrar una carpeta vieja en una casa.

La propia JCE ha reconocido una dimensión histórica de estas dificultades. Al informar sobre el protocolo aprobado el 26 de octubre de 2026 para personas de 60 años o más que poseen cédula, explicó que antes de 1992 muchas obtuvieron ese documento sin que fuera obligatorio presentar un acta de nacimiento. El mecanismo busca localizar, digitalizar, reconstruir o registrar sus nacimientos, según corresponda. Esta precisión importa: no todos los casos responden a un libro perdido; también existen registros que no fueron instrumentados.

La medida merece reconocimiento porque procura resolver situaciones que han acompañado a personas durante décadas. También obliga a mirar el alcance de la deuda pendiente. Un ciudadano puede haber pasado buena parte de su vida identificándose con una cédula y descubrir, al necesitar otro servicio, que todavía hay una dificultad por resolver en la documentación de su nacimiento.

Por eso, hablar de modernización requiere mirar más allá de los equipos y las plataformas. Digitalizar un archivo permite conservar y consultar información existente; no recupera por sí sola una página que ya era ilegible ni completa un asiento que nunca se hizo. La transformación debe incluir búsqueda, verificación, conservación, respaldo y una atención capaz de acompañar al usuario hasta la solución.

La JCE debería ofrecer información pública, clara y periódica sobre esta tarea: cuántos registros requieren reconstrucción, cuáles son las causas identificadas, cuántas solicitudes están pendientes y cuánto tarda su resolución. Sin esos datos, no podemos afirmar responsablemente cuál es la magnitud actual del problema ni evaluar si disminuye. La transparencia permitiría reconocer los avances y exigir respuestas donde persistan los retrasos.

También hace falta que cada persona reciba una orientación comprensible sobre su expediente. Saber qué documento falta, por qué se necesita y cuál es el siguiente paso reduce una incertidumbre que ninguna familia debería cargar indefinidamente. La complejidad administrativa puede explicar parte del trabajo interno; no justifica dejar al usuario sin información.

Reconstruir un registro es una labor necesaria cuando el daño ya existe. Lo cuestionable sería acostumbrarnos a que la solución dependa de la insistencia, los viajes y los papeles que cada ciudadano consiga reunir por su cuenta.

En pleno 2026, la pregunta no debe quedarse en por qué todavía se reconstruyen libros. Debemos preguntar cuánto falta para resolver los casos pendientes y qué garantías existen para que los registros de hoy no se conviertan en las reconstrucciones de mañana.

Porque detrás de cada folio hay una persona. Y cuando un documento bajo custodia del Estado falla, esa persona merece una respuesta que le permita continuar con su vida.