Santo Domingo. – El Gobierno dominicano anunció la presentación ante el Congreso Nacional de un proyecto de ley que busca fortalecer la economía nacional frente a los efectos de la crisis internacional, mediante un conjunto de medidas que combinan nuevas fuentes de ingresos para el Estado con alivios fiscales dirigidos a la clase media, las micro y pequeñas empresas, y los sectores más vulnerables.
La iniciativa, denominada Plan Anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la población frente a la crisis global, fue presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien explicó que la propuesta persigue preservar la estabilidad macroeconómica, garantizar la continuidad de los programas sociales y asegurar recursos para mantener la inversión pública y los servicios esenciales.
Según las estimaciones oficiales, el proyecto permitiría captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, a través de una estrategia basada en cuatro pilares: impulso al crecimiento económico, simplificación tributaria, combate a la evasión fiscal y consolidación de las finanzas públicas.
Uno de los aspectos más destacados es que el Gobierno decidió no modificar el ITBIS, manteniendo intacta tanto su tasa como su base de aplicación. Asimismo, no se introducirán nuevas cargas tributarias para las micro, pequeñas y medianas empresas, ni se alterarán la mayoría de los impuestos selectivos aplicados actualmente a combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones.
Entre las medidas de consolidación fiscal figura una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta empresarial, elevándolo del 27 % al 30 % durante un período de tres años. Esta disposición afectaría únicamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales, un grupo que representa menos del 1 % de las empresas que declararon ISR en el país durante 2025.
El proyecto también contempla un incremento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, que pasaría de 0.15 % a 0.20 %, así como la creación de un impuesto selectivo para cigarrillos electrónicos y vapeadores. Además, propone aumentar la tributación sobre casinos y juegos de azar e incrementar en US$10 el impuesto aplicado a los pasajes aéreos.
Beneficios para la clase media
Dentro del paquete de medidas, el Gobierno plantea disposiciones destinadas a reducir la carga tributaria sobre los contribuyentes de menores ingresos.
Entre ellas figura la actualización del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta para personas físicas, ajustándolo por inflación por primera vez en aproximadamente una década. De aprobarse la iniciativa, el monto libre de impuestos aumentaría de RD$34,685 a RD$39,900 mensuales, una cifra que, según las autoridades, cubriría el costo de la canasta familiar correspondiente al segundo quintil de ingresos.
Asimismo, se propone elevar la deducción por gastos educativos del 25 % al 30 %, y ampliarla hasta un 50 % cuando los gastos estén destinados a personas con discapacidad o con trastornos del neurodesarrollo. Estas medidas entrarían en vigencia a partir de enero de 2027.
Alivio para micro y pequeñas empresas
Otro de los puntos más relevantes del plan es la eliminación del anticipo del Impuesto sobre la Renta para las microempresas, que representan alrededor del 78 % de las empresas que reportaron ISR durante 2025.
Las pequeñas empresas, por su parte, pasarían de realizar doce pagos anuales a efectuar solo tres pagos al año, reduciendo significativamente la presión sobre su flujo de caja.
El sector agropecuario también sería beneficiado con la eliminación de los anticipos y del impuesto a los activos.
Simplificación del sistema tributario
La propuesta incluye la derogación de varias figuras tributarias consideradas obsoletas por el Gobierno, entre ellas el impuesto a las hipotecas, establecido en 1890; el impuesto a los fósforos, vigente desde 1935; y la ley de control de estampillas, creada en 1966.
De igual forma, se plantea eliminar gradualmente los impuestos relacionados con la constitución de compañías y el impuesto selectivo aplicado a los seguros de vida, con el objetivo de incentivar la formalización y mejorar la competitividad del país.
Mayor control contra la evasión
En materia de fiscalización, el proyecto contempla nuevas herramientas para combatir la evasión tributaria.
Entre ellas se encuentran la percepción del ITBIS en Aduanas para importaciones realizadas por contribuyentes informales, la ampliación de retenciones del ISR en sectores de difícil supervisión y la implementación de mecanismos de trazabilidad para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles.
Además, el Ministerio de Hacienda tendría facultad de veto sobre nuevas leyes de incentivos fiscales que puedan comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.
El compromiso del Gobierno
Durante la presentación, el ministro Magín Díaz sostuvo que el Estado también asumirá una cuota importante de responsabilidad mediante la racionalización del gasto público.
Indicó que el gasto corriente se redujo en 2025, mientras se incrementó la inversión de capital, y destacó que el gasto en publicidad gubernamental se encuentra en mínimos históricos.
El funcionario aseguró que la República Dominicana ha cumplido con los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal y que esa disciplina permitió al país acceder a financiamiento internacional en condiciones favorables.
“República Dominicana ha demostrado que puede crecer más que la región. El desafío ahora es proteger lo construido, fortalecer nuestra estabilidad y garantizar oportunidades para las próximas generaciones”, expresó.
El proyecto será conocido en el Congreso Nacional en las próximas semanas, donde deberá ser debatido antes de su eventual aprobación. De convertirse en ley, marcaría una de las reformas económicas más amplias de los últimos años, con el reto de equilibrar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la protección del poder adquisitivo de la población.
