Santo Domingo.— El dirigente político y presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, lanzó un contundente llamado a favor de una transformación ética de la política dominicana, cuestionando abiertamente la ostentación de riquezas entre dirigentes y funcionarios públicos y planteando la necesidad de recuperar la decencia como principio fundamental del ejercicio del poder.
A través de una publicación realizada en sus redes sociales, Gómez Mazara sostuvo que “la política necesita un proceso de restauración ética”, una expresión con la que coloca nuevamente sobre la mesa un debate que durante años ha acompañado a la vida pública dominicana: la distancia que puede existir entre el nivel de vida exhibido por determinados funcionarios y dirigentes políticos y los ingresos que legítimamente podrían justificarlo.
Su mensaje fue particularmente directo al mencionar villas en La Romana y Punta Cana, apartamentos en Miami, hoteles en Jarabacoa, helicópteros y lo que definió como una “opulencia indecorosa”. Más que cuestionar la riqueza en sí misma, sus palabras apuntan al deber de transparencia que acompaña a quienes administran recursos públicos o ejercen posiciones de influencia dentro del Estado.
“¡Volver a la decencia!”, concluyó Gómez Mazara, convirtiendo esa frase en el centro político de su planteamiento.
El pronunciamiento adquiere especial relevancia porque no proviene de una figura de oposición al Gobierno. Gómez Mazara es un dirigente histórico del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y actualmente ocupa una posición de primer nivel dentro de la administración encabezada por el presidente Luis Abinader. Por esa razón, sus palabras pueden interpretarse también como una reflexión dirigida hacia el interior de la propia clase política y no exclusivamente contra adversarios partidarios.
El planteamiento abre una discusión necesaria: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad ética de un funcionario más allá del cumplimiento estricto de la ley? Una persona puede poseer bienes legítimamente adquiridos antes de llegar al Estado, desarrollar actividades empresariales permitidas o contar con patrimonio familiar. Sin embargo, cuando se ejerce una función pública, la transparencia sobre el origen y evolución de ese patrimonio adquiere una dimensión distinta, porque la confianza ciudadana también forma parte del capital que sostiene a las instituciones.
Precisamente por eso existen mecanismos como las declaraciones juradas de patrimonio, los controles administrativos y las investigaciones correspondientes cuando aparecen indicios de enriquecimiento ilícito. La ostentación, por sí sola, no constituye prueba de corrupción; pero cuando el lujo exhibido resulta difícil de conciliar con los ingresos conocidos de una persona vinculada al Estado, inevitablemente genera cuestionamientos sociales que deben poder responderse con transparencia.
El mensaje de Gómez Mazara llega además en un momento de nuevos movimientos dentro del Gobierno y cuando el oficialismo comienza a mirar hacia los desafíos políticos de los próximos años. En ese escenario, hablar de ética no constituye únicamente un discurso moral: también supone exigir coherencia entre lo que los partidos prometen cuando buscan el poder y la conducta de quienes posteriormente lo ejercen.
La afirmación del dirigente toca uno de los puntos más sensibles de la política contemporánea dominicana. La ciudadanía no solamente observa obras, estadísticas y discursos; también observa comportamientos, estilos de vida, privilegios y la manera en que determinados dirigentes evolucionan económicamente después de entrar a la actividad pública.
Por eso, una verdadera “restauración ética” tendría que ir mucho más allá de una frase. Implicaría transparencia patrimonial, rendición de cuentas, consecuencias frente a las irregularidades y, sobre todo, recuperar la idea de que ocupar una función pública representa una responsabilidad frente a la sociedad y no una vía para alcanzar privilegios.
El llamado de Guido Gómez Mazara puede provocar adhesiones, incomodidades e incluso preguntas dentro de su propio entorno político. Pero precisamente ahí reside la fuerza de su mensaje: cuando se exige decencia en la política, el reclamo debe alcanzar a todos, sin importar partido, posición o cercanía con el poder.
