Suscita debate sobre la transparencia de los procedimientos, los cobros y las condiciones para recuperar los automóviles.
Santo Domingo.— El periodista Hansel García denunció en el programa Esto No es Radio presuntas irregularidades en la retención de su vehículo y cuestionó el procedimiento que enfrentó para recuperarlo, poniendo bajo escrutinio las actuaciones de Parquéate RD y de las autoridades involucradas.
Según la información publicada sobre su intervención, el comunicador describió trabas y falta de transparencia durante el proceso posterior al retiro de su automóvil, ocurrido el pasado fin de semana. Sus señalamientos constituyen una denuncia pública y no una determinación judicial de responsabilidades.
La publicación compartida por el espacio radial presenta el reclamo con una pregunta: “¿Por qué secuestran los vehículos?”. La expresión refleja el tono de inconformidad del comunicador, aunque por sí misma no establece que el procedimiento constituya un secuestro en términos jurídicos.
García también anunció que solicitaría información formal para esclarecer el funcionamiento del sistema y las actuaciones relacionadas con su caso, de acuerdo con la reseña de su denuncia.
El episodio plantea una discusión de interés público: qué información recibe un conductor cuando su vehículo es retirado, cómo puede conocer las razones de la medida y cuáles son los pasos para recuperarlo o cuestionar la actuación.
Para esclarecer lo ocurrido, resulta necesario conocer el expediente del caso: la infracción atribuida, las circunstancias del retiro, la identificación de quienes intervinieron y los conceptos cobrados, si los hubo. Estos elementos permitirían contrastar el relato del periodista con la documentación y la versión de las entidades señaladas.
Desde una perspectiva de servicio al ciudadano, un procedimiento comprensible debería permitir que el propietario identifique dónde se encuentra su automóvil, quién lo mantiene bajo custodia y qué requisitos debe cumplir para retirarlo. También debería ofrecer información clara sobre las tarifas y las vías disponibles para presentar una reclamación.
La controversia invita, además, a distinguir entre la responsabilidad de los conductores de respetar las normas de estacionamiento y la obligación institucional de explicar sus actuaciones. Ambos aspectos merecen examinarse al evaluar una intervención concreta.
