Por Annie Fernández
A pocos días de cumplirse seis años desde que Luis Abinader asumió la Presidencia de la República, los tambores de cambio vuelven a sonar alrededor del Palacio Nacional. Como ocurre cada vez que se aproxima una fecha políticamente significativa, comienzan a circular nombres, rumores y especulaciones sobre posibles destituciones, movimientos y nuevos nombramientos. Sin embargo, esta vez creo que vale la pena mirar el escenario desde una perspectiva distinta: no concentrarnos únicamente en quienes podrían salir, sino también en aquellos que han logrado permanecer y, especialmente, en quienes han sido promovidos a responsabilidades mayores.
Desde agosto de 2020, la administración pública dominicana ha experimentado numerosos movimientos. Ministros, directores y funcionarios de distintos niveles han sido sustituidos, trasladados o separados de sus posiciones. Algunos cambios respondieron a cuestionamientos públicos; otros, a decisiones administrativas o políticas propias de cualquier gobierno. Lo cierto es que Luis Abinader ha demostrado durante estos seis años que un nombramiento no necesariamente representa permanencia garantizada. Precisamente por eso, cuando un funcionario consigue atravesar prácticamente toda una gestión manteniendo la confianza presidencial, esa continuidad merece ser analizada.
Permanecer seis años en una posición pública no significa automáticamente que una gestión haya sido perfecta. Tampoco elimina cuestionamientos ni convierte al funcionario en intocable. Pero sería ingenuo pensar que permanecer tanto tiempo dentro de una administración sometida al escrutinio permanente de los medios, las redes sociales, la oposición y la propia ciudadanía no representa nada. Después de seis años, el Presidente ha tenido tiempo suficiente para conocer las fortalezas, debilidades, capacidad de ejecución y comportamiento de quienes integran su equipo. A estas alturas, ya no se gobierna sobre expectativas: se gobierna sobre resultados acumulados.
Dentro de ese grupo de funcionarios que han logrado mantener una importante continuidad destacan figuras como David Collado, en el Ministerio de Turismo, y Roberto Álvarez, en Relaciones Exteriores. Ambos han atravesado prácticamente intactos las diferentes recomposiciones del gabinete desde 2020. Sus permanencias no deben interpretarse como ausencia de críticas, sino como evidencia de que, hasta este momento, el Presidente ha encontrado razones suficientes para sostenerlos en áreas particularmente sensibles de su administración.
Pero existe otro fenómeno que, a mi juicio, resulta todavía más revelador: los funcionarios que no solamente permanecieron, sino que ascendieron. Cuando un presidente toma a alguien cuyo desempeño ya conoce y decide entregarle una institución de mayor jerarquía, presupuesto, exposición o responsabilidad, difícilmente podemos considerar ese movimiento como un simple cambio de escritorio. En política, un ascenso constituye una de las señales más claras de confianza. Es decirle a un funcionario: vi lo que hiciste, conozco tu capacidad y ahora estoy dispuesto a colocarte frente a un desafío mayor.
Dentro de esa dinámica encontramos nombres como Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, Víctor “Ito” Bisonó, Gloria Reyes, Sigmund Freund, José Ignacio Paliza, Nelson Arroyo, Armando Paíno Henríquez, Luis Miguel De Camps y otros funcionarios que comenzaron esta administración ocupando determinadas responsabilidades y posteriormente fueron llamados a desempeñar funciones de mayor peso dentro del aparato estatal. No afirmaría que un ascenso constituye necesariamente un premio, porque la administración pública no debería funcionar bajo esa lógica. Pero sí creo que constituye una renovación inequívoca de confianza política y administrativa.
Ahora bien, sería igualmente peligroso convertir la permanencia en sinónimo automático de eficiencia. Un funcionario no puede ser evaluado únicamente por la cantidad de años que conserva una posición. La verdadera medición debe estar en los resultados: qué encontró, qué transformó, cuánto ejecutó, qué problemas resolvió, cómo administró los recursos públicos y, fundamentalmente, qué cambió para el ciudadano durante su gestión. Porque permanecer sin producir resultados tampoco puede convertirse en mérito. La confianza presidencial tiene valor político, pero la confianza ciudadana se conquista de otra manera.
Esa diferencia resulta particularmente importante en este momento. Durante los primeros meses de un Gobierno puede existir cierto margen para conocer equipos, probar funcionarios, corregir decisiones y descubrir capacidades. Después de seis años, ese argumento pierde fuerza. Luis Abinader conoce perfectamente a quienes gobiernan con él. Ha visto cómo reaccionan frente a las crisis, cómo administran presupuestos, cómo responden ante los cuestionamientos y qué capacidad tienen para ejecutar las políticas que les han sido encomendadas. Por eso los próximos cambios, si llegan, tendrán un significado mucho mayor que los realizados al comienzo de su administración.
Cambiar simplemente para producir titulares tampoco debería ser el objetivo. La renovación gubernamental es saludable cuando responde a necesidades concretas, pero cambiar por cambiar puede terminar destruyendo procesos que funcionan. Si un funcionario está ofreciendo resultados, no existe razón administrativa para sustituirlo únicamente porque lleva demasiado tiempo en el cargo. Pero la lógica también funciona en sentido contrario: si después de años una institución continúa acumulando las mismas deficiencias, la permanencia tampoco puede justificarse por amistad, cercanía política o lealtad. La estabilidad debe proteger la eficiencia, nunca la mediocridad.
Por eso considero que la discusión sobre los próximos movimientos del Gobierno debería superar la tradicional quiniela de nombres. Más importante que saber quién entra o quién sale es comprender qué áreas entiende el Presidente que necesitan un nuevo impulso y cuáles considera que han respondido satisfactoriamente. Cada permanencia será una ratificación. Cada ascenso, una apuesta renovada. Y cada destitución, aunque oficialmente pueda explicarse de muchas maneras, inevitablemente provocará una lectura sobre el desempeño de quien abandona la posición.
Los tambores de cambio vuelven a sonar y, como siempre, alrededor de ellos crecerán rumores, intereses y expectativas. Pero después de seis años de administración, el escenario es diferente. Ya existe suficiente tiempo recorrido para separar las promesas de los resultados, la percepción de la ejecución y la lealtad de la verdadera capacidad gerencial. A estas alturas, el Presidente no está escogiendo desconocidos: está calificando a funcionarios que llevan años presentando examen frente al país.
Y quizás ahí esté la parte más interesante de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Porque en política pocas evaluaciones son tan contundentes como la confianza sostenida en el tiempo. Permanecer puede ser una calificación. Ascender puede ser una distinción. Y salir puede representar el cierre de un ciclo. Lo verdaderamente importante es que cualquiera de esas decisiones encuentre justificación en los resultados y no simplemente en las conveniencias del momento.
Al final, los decretos podrán cambiar nombres y posiciones, pero la ciudadanía hará su propia evaluación. Porque el verdadero éxito de un funcionario no debería medirse por cuánto tiempo logró permanecer cerca del poder, sino por qué hizo con el poder mientras lo tuvo.
Annie Fernández
Opinión
