Santo Domingo.– La discusión de una nueva legislación para regular los juegos de azar en República Dominicana ha abierto un debate que trasciende los impuestos, las licencias y el funcionamiento de las bancas: varios legisladores mantienen o han mantenido intereses económicos directamente relacionados con el sector sobre el cual el Congreso está tomando decisiones.
Entre los nombres identificados públicamente aparecen Eduard Espiritusanto Castillo, vinculado al Consorcio de Bancas Eduard; Domingo Eusebio de León Mascaró, propietario de Bancas La Solución y señalado como socio de LOTEKA; y Juan Carlos Echavarría Milané, propietario del Consorcio de Bancas Joselito.
También figura Carlos José Gil Rodríguez, propietario del Consorcio de Bancas La Dinámica; Manuel Miguel Florián Terrero, quien ha declarado su vinculación como presidente del Consorcio de Bancas Los Mellizos; y Melvin Alexis Lara Melo, relacionado con Bancas Alex Lara.
Completan la relación Orlando Antonio Martínez Peña, propietario de Bancas OM y con participación empresarial vinculada al sector de los juegos de azar, y Alexander Javier Cuevas, identificado como propietario de Bancas de Lotería Alex Sport.
La existencia de estos vínculos empresariales no constituye por sí misma una irregularidad ni permite establecer que alguno de los congresistas haya cometido una actuación contraria a la ley. Sin embargo, adquiere especial relevancia cuando el Poder Legislativo conoce iniciativas capaces de modificar directamente las condiciones económicas y regulatorias del mismo sector en el que algunos de sus integrantes poseen intereses.
La discusión se vuelve todavía más sensible porque el Congreso ha conocido modificaciones relacionadas con los impuestos aplicables a las bancas. En una de las iniciativas fiscales recientes, el impuesto único anual planteado originalmente en RD$120,000 para las bancas de lotería fue reducido a RD$85,000, una diferencia de RD$35,000 por establecimiento.
Durante ese proceso también se documentó la participación de congresistas vinculados al sector. Sergio Moya, quien ha estado relacionado con Bancas Merengue Sport, figuró y firmó actas de reuniones de la comisión bicameral que estudió aquella iniciativa fiscal. Asimismo, legisladores propietarios o antiguos propietarios de bancas participaron de distintas maneras durante las votaciones: algunos votaron favorablemente, otros estuvieron ausentes, uno votó en contra y Moya no votó.
Ese antecedente fortalece una discusión que ahora vuelve a cobrar importancia con el proyecto destinado a reorganizar integralmente los juegos de azar. La cuestión no consiste en criminalizar la actividad empresarial de un congresista, sino en determinar cuáles mecanismos institucionales deben aplicarse cuando sus intereses privados pueden verse directamente afectados por una decisión tomada desde su función pública.
La transparencia exige algo más que declarar un patrimonio. También supone establecer con claridad cuándo corresponde informar públicamente un conflicto de intereses, abstenerse de determinadas decisiones o garantizar que la participación legislativa no genere dudas razonables sobre la independencia con la que se está construyendo una norma.
Y ahí está el verdadero centro de esta discusión: quienes tienen intereses económicos en el negocio de las apuestas también pueden encontrarse en posiciones desde las cuales se deciden las reglas que determinarán cuánto paga, cómo opera y bajo cuáles condiciones funcionará ese mismo negocio.
No significa que exista automáticamente una actuación irregular. Pero sí representa una circunstancia que merece escrutinio público.
Porque cuando el Congreso legisla sobre una industria económicamente poderosa, la ciudadanía no solamente tiene derecho a conocer qué se está aprobando. También tiene derecho a saber quiénes están tomando esas decisiones y cuáles intereses económicos mantienen dentro del sector que están llamados a regular.
