Santo Domingo. — La decisión del Gobierno dominicano de solicitar el retiro de nueve miembros de la misión diplomática de Cuba en Santo Domingo ha dejado de ser únicamente un episodio de tensión bilateral. Nuevas informaciones publicadas en República Dominicana señalan que detrás de la medida existirían presuntas labores de inteligencia realizadas por funcionarios cubanos acreditados en el país, una versión que eleva considerablemente la gravedad del caso, aunque todavía no ha sido confirmada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La medida sí está confirmada. El Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba el retiro de nueve integrantes de su misión y de sus familiares, otorgándoles un plazo de siete días para abandonar el territorio nacional. Cancillería decidió no identificar públicamente a los funcionarios ni explicar las razones específicas de la decisión, limitándose a señalar que actuó dentro de las facultades reconocidas a República Dominicana por el derecho internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Lo que añade una nueva dimensión al caso es una publicación del periódico dominicano El Día, cuya edición del 14 de agosto coloca entre sus principales informaciones que “presuntas labores de inteligencia” habrían motivado la salida de los nueve diplomáticos. Otros medios que retomaron la investigación señalan que altas fuentes con conocimiento directo del caso atribuyen la decisión a actividades presuntamente vinculadas con los servicios de inteligencia y seguridad del Estado cubano.
De acuerdo con esas versiones, algunos funcionarios habrían desarrollado actividades consideradas incompatibles con la naturaleza de una misión diplomática aprovechando su acreditación en territorio dominicano. No se han divulgado públicamente expedientes, nombres, operaciones específicas ni pruebas documentales que permitan determinar individualmente quiénes habrían participado o cuál habría sido exactamente el alcance de esas actuaciones. Por esa razón, hablar en este momento de “nueve espías cubanos” como un hecho comprobado iría más allá de lo que permiten establecer las informaciones disponibles.
Hay otro elemento importante que permite colocar el caso sobre bases más firmes. Según las mismas fuentes citadas por medios dominicanos, la decisión no estaría relacionada con los atletas cubanos que decidieron permanecer en República Dominicana después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Esa versión había comenzado a circular con fuerza en redes sociales, donde se vinculaba la salida de los diplomáticos con supuestos seguimientos a deportistas desertores. Las fuentes atribuyen ambos acontecimientos a procesos distintos y hablan de una coincidencia temporal.
Esto cambia sustancialmente la lectura inicial de la noticia. Si las investigaciones dominicanas realmente detectaron labores de inteligencia desarrolladas bajo cobertura diplomática, entonces la actuación del Gobierno no respondería a un incidente puntual relacionado con los Juegos, sino a un asunto de seguridad de Estado suficientemente serio como para solicitar simultáneamente el retiro de una cantidad considerable de funcionarios.
La forma utilizada por República Dominicana también merece atención. El artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que un Estado receptor puede comunicar en cualquier momento que un miembro del personal diplomático es persona non grata o que otro integrante de la misión no resulta aceptable, sin tener obligación de explicar públicamente las razones. En este caso, fuentes citadas por la prensa indican que Santo Domingo habría preferido solicitar directamente el retiro de los funcionarios a través de los canales diplomáticos, sin declararlos formalmente personae non gratae.
Ese detalle no es menor. En diplomacia existe una diferencia entre hacer una acusación pública de espionaje y manejar discretamente la salida de funcionarios cuya presencia ya no resulta aceptable para el Estado receptor. La segunda vía permite al Gobierno proteger información sensible, evitar revelar mecanismos de inteligencia o contrainteligencia y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de que el episodio termine en una ruptura completa de las relaciones bilaterales.
Cuba, por su parte, ha rechazado categóricamente la decisión dominicana. El Gobierno cubano sostiene que sus representantes han actuado respetando la Convención de Viena y las leyes dominicanas, y atribuyó la medida a presiones de Estados Unidos. La versión cubana habla además de diez diplomáticos afectados, mientras República Dominicana ha informado oficialmente de nueve, una discrepancia que hasta ahora no ha sido aclarada públicamente.
La reacción de La Habana confirma la profundidad del desacuerdo. El Gobierno cubano ha presentado el episodio como parte de una estrategia regional destinada a aislarlo, mientras Santo Domingo evita entrar en una confrontación pública y mantiene las razones bajo reserva. Son dos narrativas completamente distintas: Cuba habla de presión política externa; fuentes dominicanas apuntan a posibles actividades de inteligencia.
También debe observarse el contexto regional. La decisión dominicana ocurre después de otros episodios de distanciamiento diplomático con Cuba en América Latina durante 2026 y en un momento de creciente presión internacional sobre La Habana. Sin embargo, ese contexto geopolítico no constituye por sí mismo prueba de que la medida dominicana haya sido ordenada desde Washington, como afirma Cuba, ni tampoco demuestra automáticamente las acusaciones de inteligencia.
Lo que sí puede afirmarse con fundamento es que República Dominicana tomó una decisión diplomática excepcionalmente severa, solicitando la salida simultánea de nueve funcionarios cubanos; que el Gobierno dominicano se niega a revelar públicamente las razones; y que fuentes de alto nivel citadas por la prensa nacional aseguran que el detonante fueron presuntas actividades de inteligencia incompatibles con las funciones diplomáticas.
La prudencia periodística obliga, sin embargo, a mantener una diferencia esencial entre sospecha, información de fuente y prueba. Hasta que el Gobierno dominicano desclasifique información, presente evidencias o confirme oficialmente el señalamiento, no corresponde afirmar categóricamente que los nueve funcionarios eran espías.
Pero la magnitud de la medida permite concluir algo: no estamos frente a una simple incomodidad diplomática. Sacar a nueve miembros de una misión extranjera en un mismo movimiento supone una decisión de Estado que difícilmente se adopta por una diferencia menor.
La gran interrogante queda abierta. Si las presuntas labores de inteligencia fueron realmente detectadas, ¿qué estaban investigando esos funcionarios, desde cuándo operaban, quiénes eran sus objetivos y qué información tenía República Dominicana antes de ordenar su salida?
Esas son ahora las preguntas que convierten este episodio en mucho más que una controversia diplomática. Estamos ante un caso que toca directamente la soberanía, la seguridad nacional y la obligación de cualquier Estado de garantizar que las inmunidades y privilegios diplomáticos no sean utilizados para desarrollar actividades ajenas a las funciones oficialmente acreditadas.
