Por Annie Fernández
La reacción del embajador chino ante las declaraciones de la representante diplomática de Estados Unidos en República Dominicana abre una pregunta que merece formularse sin ambigüedades: ¿por qué incomoda tanto a Beijing la posición de un país que ha mantenido durante generaciones una relación económica, política y estratégica con la nación dominicana? Detrás de las acusaciones de injerencia no existe únicamente un desacuerdo entre diplomáticos. Lo que se revela es una disputa por influencia en una región que vuelve a ocupar un lugar central dentro del tablero geopolítico mundial.
Estados Unidos no es un actor improvisado en la historia dominicana. Su presencia ha estado vinculada, para bien y para mal, a procesos determinantes en la vida institucional, económica y social del país. La relación incluye episodios históricamente controvertidos, pero también una cooperación que hoy se expresa en comercio, inversión, seguridad, turismo, intercambio académico y vínculos familiares sostenidos por una numerosa comunidad dominicana en territorio estadounidense. Pretender que esa relación puede analizarse como si tuviera el mismo peso histórico que cualquier acercamiento diplomático reciente sería desconocer una realidad evidente.
Conviene precisar que la llamada Doctrina Monroe, proclamada en 1823, no fue un tratado entre Estados Unidos y República Dominicana, ni estableció una alianza bilateral automática. Sin embargo, sí definió una visión de Washington sobre el hemisferio occidental que, con el paso del tiempo, influyó en su manera de interpretar la presencia de potencias externas en América Latina y el Caribe. Las relaciones diplomáticas formales entre Estados Unidos y República Dominicana comenzaron en 1884, mientras que los vínculos diplomáticos con la República Popular China fueron establecidos en 2018. La diferencia temporal no determina por sí sola quién tiene razón, pero ayuda a comprender la profundidad desigual de ambas relaciones.
Por eso, cuando el embajador chino Chen Luning cuestiona las declaraciones de la embajadora estadounidense Leah Campos y las presenta como una intromisión en la soberanía dominicana, también resulta legítimo preguntarse qué intereses procura proteger Beijing con esa reacción. China no desembarcó en América Latina únicamente para intercambiar cortesías diplomáticas. Su expansión internacional responde a objetivos económicos, comerciales y estratégicos que incluyen ampliar mercados, fortalecer su presencia institucional y posicionarse en áreas relevantes para el desarrollo de los países con los que mantiene relaciones.
La República Dominicana representa un espacio especialmente atractivo dentro de ese mapa. Su ubicación en el Caribe, su conectividad aérea y marítima, su cercanía con Estados Unidos, su condición de centro turístico y logístico y su peso dentro de la economía regional la convierten en una plataforma de interés para cualquier potencia que aspire a consolidar influencia en el hemisferio. Cuando un país posee ese valor geográfico y económico, las relaciones internacionales dejan de ser exclusivamente protocolares y comienzan a expresar competencias mucho más profundas.
Desde esa perspectiva, la preocupación china puede entenderse como una reacción ante la posibilidad de que Washington limite o cuestione su participación en sectores considerados sensibles, como infraestructura, telecomunicaciones, energía, puertos, tecnología y servicios estratégicos. No se trata necesariamente de que exista una amenaza demostrada en cada inversión o iniciativa comercial, sino de que las grandes potencias interpretan estas áreas como componentes esenciales de su seguridad y de su capacidad de influencia a largo plazo.
La diplomacia china defiende su derecho a mantener relaciones con República Dominicana bajo el principio de soberanía. Ese planteamiento es válido: ningún Estado debería ser obligado a romper relaciones con otro por presión externa. Pero ese mismo principio también permite a los dominicanos examinar con rigor las motivaciones, condiciones y consecuencias de cualquier acercamiento extranjero. La soberanía no consiste en aceptar sin cuestionamientos la presencia de una potencia mientras se condenan las observaciones de otra; consiste en conservar la capacidad de decidir con información, independencia y sentido de responsabilidad nacional.
Tampoco puede ignorarse que Estados Unidos sostiene con República Dominicana una relación económica de magnitud considerable. El intercambio comercial, las inversiones, las remesas, el turismo y la cooperación en materia de seguridad forman parte de una estructura que incide directamente sobre la vida cotidiana de miles de familias dominicanas. La lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional y otros desafíos regionales también ha consolidado una coordinación que Washington considera indispensable para sus intereses y que Santo Domingo reconoce como parte de su política de seguridad.
Esto no significa que la República Dominicana deba convertirse en una extensión de los intereses estadounidenses. Nuestra historia enseña que toda relación internacional debe construirse con dignidad, memoria y capacidad de negociación. Pero tampoco significa que el país deba fingir que su vínculo con Estados Unidos puede sustituirse fácilmente o que las inquietudes de Washington carecen de contexto histórico y estratégico. Entre la subordinación y la ingenuidad existe un espacio que corresponde ocupar con inteligencia diplomática.
El verdadero debate, por tanto, no debería concentrarse exclusivamente en quién lanzó la declaración más incómoda. La discusión relevante es qué papel pretende desempeñar cada potencia dentro del territorio dominicano y cuáles son los límites que el Estado debe establecer para proteger su autonomía, sus recursos y sus infraestructuras estratégicas. Porque cuando dos actores internacionales disputan influencia sobre un mismo espacio, el mayor riesgo aparece cuando ese país deja de preguntarse qué obtiene y comienza a permitir que otros definan por él sus prioridades.
China tiene derecho a defender sus intereses. Estados Unidos también. Pero República Dominicana tiene una obligación superior: defender los suyos. Y eso exige observar con atención tanto las presiones abiertas como las ofertas aparentemente convenientes, tanto las advertencias de los aliados tradicionales como las promesas de los nuevos socios.
Al final, la pregunta no es solamente por qué China se inquieta ante la posición de Estados Unidos. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué está en juego en República Dominicana para que dos potencias mundiales estén tan interesadas en determinar quién conserva mayor influencia sobre nuestro futuro?
