Por Annie Fernández
Desde el escritorio de la editora
Hay cambios que llegan de manera silenciosa. No hacen ruido, no ocupan titulares todos los días, pero transforman profundamente la vida de una sociedad. Uno de ellos ocurre en las aulas.
Desde hace décadas, la educación ha dejado de debatirse únicamente en términos pedagógicos para convertirse también en un asunto económico. Hoy es frecuente escuchar conceptos como competitividad, productividad, rentabilidad, empleabilidad, indicadores de desempeño y eficiencia. Son palabras propias del mundo empresarial que, poco a poco, han encontrado un lugar en el lenguaje educativo.
La pregunta no es si esos conceptos tienen valor. En muchos casos, sí lo tienen. Una educación de calidad debe preparar a las personas para desenvolverse en un mundo laboral cambiante y cada vez más exigente. Sin embargo, surge una inquietud cuando ese objetivo desplaza otros igualmente esenciales.
¿Qué ocurre cuando la educación comienza a medirse casi exclusivamente por su capacidad de producir trabajadores? ¿Qué espacio queda para formar ciudadanos críticos, personas solidarias, individuos capaces de comprender su historia, su cultura y su responsabilidad con la sociedad?
La educación nunca ha sido únicamente un mecanismo para conseguir empleo. También ha sido la herramienta mediante la cual las sociedades construyen valores, fortalecen la democracia, promueven el pensamiento crítico y reducen las desigualdades.
El debate sobre las reformas educativas inspiradas en modelos de mercado divide opiniones. Sus defensores sostienen que la competencia, la innovación y la evaluación pueden elevar la calidad del sistema. Sus críticos advierten que un enfoque excesivamente orientado al mercado puede aumentar las brechas sociales y convertir el conocimiento en un privilegio para quienes pueden pagarlo.
Probablemente, la respuesta no se encuentre en los extremos.
Un país necesita instituciones educativas eficientes, transparentes y capaces de responder a los desafíos tecnológicos del presente. Pero también necesita escuelas y universidades que enseñen ética, convivencia, creatividad, empatía y compromiso ciudadano. La formación integral sigue siendo una condición indispensable para cualquier democracia.
La República Dominicana enfrenta el reto de fortalecer su sistema educativo en medio de profundas transformaciones económicas y tecnológicas. Ese desafío exige políticas públicas que garanticen calidad, inclusión y oportunidades, sin perder de vista que la educación es mucho más que una inversión económica: es una inversión humana.
Porque el verdadero éxito de un sistema educativo no debería medirse únicamente por el número de profesionales que gradúa ni por los salarios que alcanzan sus egresados. También debería reflejarse en la capacidad de formar personas que piensen con libertad, actúen con responsabilidad y contribuyan al bienestar colectivo.
La educación construye el país que aún no existe. Por eso, antes de preguntarnos cuánto produce una escuela, quizá debamos preguntarnos qué tipo de sociedad está ayudando a construir.