Santo Domingo. Cada lunes, mientras buena parte del país inicia una nueva semana laboral, la seguridad ciudadana ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezan y articulan el seguimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, un espacio que se ha convertido en uno de los principales mecanismos de evaluación y coordinación de la política de seguridad del Estado.
No se trata únicamente de una reunión protocolar. En estos encuentros se revisan los indicadores de criminalidad, homicidios y otros hechos que afectan la convivencia; se evalúan los resultados de los operativos ejecutados durante la semana anterior y se coordinan las acciones que deberán desarrollar la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las demás instituciones involucradas. En julio, por ejemplo, Peña encabezó la reunión número 150 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.
La dinámica coloca a Raquel Peña en la conducción política e interinstitucional del encuentro y a Faride Raful, como responsable del Ministerio de Interior y Policía, en una posición clave para traducir las evaluaciones en políticas y acciones vinculadas directamente con la prevención del delito, el orden público y la convivencia ciudadana. En estas reuniones participan también altos mandos militares y policiales y representantes de otras instituciones vinculadas a la seguridad nacional.
Seguridad evaluada semana tras semana
Uno de los elementos que distingue a esta metodología es precisamente su periodicidad. Los resultados no quedan sujetos exclusivamente a balances mensuales o anuales: cada semana las autoridades vuelven sobre las cifras, identifican las demarcaciones que requieren mayor atención y analizan la capacidad de respuesta de los organismos responsables.
La Fuerza de Tarea también ha servido para coordinar decisiones que van más allá del patrullaje. Desde este espacio se han abordado medidas relacionadas con seguridad vial, operativos preventivos, control territorial y procesos de modernización tecnológica vinculados a la seguridad ciudadana.
Esta continuidad permite que una situación detectada en un municipio o provincia pueda incorporarse a la discusión nacional y, en teoría, generar una respuesta coordinada entre las instituciones competentes.
Peña y Raful, dos responsabilidades que convergen
La presencia recurrente de la vicepresidenta y de la ministra también refleja una distribución de responsabilidades. Peña encabeza numerosos encuentros en representación del Poder Ejecutivo, mientras Raful tiene bajo su responsabilidad directa la conducción de las políticas públicas relacionadas con seguridad ciudadana, orden público y convivencia.
Esa combinación convierte las reuniones de los lunes en una mesa donde convergen dirección política, información operativa y toma de decisiones.
Pero el verdadero desafío está fuera del salón de reuniones. La efectividad de este modelo debe medirse por lo que ocurre posteriormente en las calles: la reducción sostenida de los delitos, la capacidad de prevenir hechos violentos, la respuesta rápida ante las denuncias y, sobre todo, la percepción de seguridad que tenga la población.
La reunión de cada lunes representa, por tanto, mucho más que una fotografía de funcionarios y altos mandos. Es un ejercicio permanente de seguimiento que coloca sobre la mesa una de las responsabilidades más sensibles del Estado: garantizar que los ciudadanos puedan vivir, trabajar y desplazarse con seguridad.
Porque en materia de seguridad ciudadana las estadísticas son importantes, pero el indicador definitivo continúa siendo el mismo: que la gente pueda sentir en su vida cotidiana los resultados de las decisiones que se toman cada lunes.
