La iniciativa busca desarrollar el turismo náutico y reforzar la seguridad marítima, pero sus beneficios fiscales para bienes asociados al lujo podrían provocar un intenso debate nacional.
SANTO DOMINGO.— El Senado de la República aprobó en primera lectura un proyecto de ley que pretende regular el turismo náutico de recreo y, al mismo tiempo, conceder amplios incentivos fiscales a la importación y operación de yates, veleros, barcos deportivos, lanchas y motocicletas acuáticas.
La iniciativa, presentada por el senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, dispone la aplicación de una tasa arancelaria de cero durante diez años para numerosas embarcaciones recreativas y deportivas. El beneficio también alcanzaría equipos, maquinarias, piezas y materias primas destinadas a este sector.
Esto no equivale técnicamente a eliminar todos los impuestos que puedan recaer sobre un yate o su propietario. Lo planteado es una exoneración específica de los gravámenes y tasas arancelarias correspondientes a su importación, conforme a las partidas identificadas en el proyecto.
La pieza también contempla importantes incentivos para las inversiones vinculadas al desarrollo del turismo náutico. Entre ellos figura la exoneración, durante quince años, del impuesto inmobiliario aplicado a terrenos y mejoras utilizados en determinados proyectos de infraestructura. Asimismo, quedarían libres de impuestos de importación los materiales, mobiliarios, accesorios y repuestos que no sean producidos en el mercado nacional.
Entre el desarrollo turístico y el privilegio fiscal
Los promotores de la legislación sostienen que República Dominicana posee condiciones privilegiadas para convertirse en un destino competitivo dentro del turismo náutico del Caribe. La llegada de embarcaciones recreativas puede generar consumo en marinas, hoteles, restaurantes, talleres, estaciones de combustible, comercios y servicios turísticos.
Sin embargo, el componente fiscal plantea preguntas inevitables. En un país donde amplios sectores enfrentan una considerable carga tributaria y limitaciones en servicios esenciales, conceder diez años de arancel cero a bienes asociados principalmente con personas y empresas de elevado poder adquisitivo puede ser interpretado como un privilegio.
El desafío para el Congreso será demostrar que el sacrificio fiscal se traducirá en inversiones comprobables, empleos formales, crecimiento de las comunidades costeras y mayor recaudación indirecta. De lo contrario, la medida podría terminar favoreciendo la importación de embarcaciones costosas sin generar beneficios proporcionales para el país.
Una ley que también responde a la falta de seguridad
El proyecto no se limita a los incentivos económicos. También establece controles de velocidad, separación de las áreas destinadas a bañistas y buzos, equipos obligatorios de salvamento, inspecciones anuales y licencias para operadores, capitanes y tripulantes.
La Armada de República Dominicana tendría la responsabilidad de investigar los accidentes, crear un registro nacional y divulgar estadísticas que permitan identificar sus causas. Las medidas cobran especial relevancia ante los incidentes ocurridos en destinos como Boca Chica, Bayahíbe, Saona, Catalina y Pedernales.
Las embarcaciones deberán contar con chalecos salvavidas para adultos y niños, botiquín, dispositivos de flotación y equipos de comunicación. Los menores de doce años solamente podrán abordar acompañados por un adulto.
Todavía no es ley
La aprobación en primera lectura representa apenas una etapa del procedimiento legislativo. La propuesta necesita una segunda aprobación en el Senado y posteriormente deberá ser conocida por la Cámara de Diputados. Solo después de completar ambos procesos podrá ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
El debate, por tanto, apenas comienza. República Dominicana necesita organizar su actividad náutica, proteger vidas y aprovechar económicamente sus costas. Pero cualquier incentivo debe estar acompañado de transparencia, fiscalización y resultados medibles.
Regular el mar puede ser una oportunidad para desarrollar una nueva industria turística. Convertir esa oportunidad en una exención para el lujo, sin exigir una verdadera contraprestación económica y social, sería una decisión mucho más difícil de justificar.
