La Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión explica que las administradoras gestionan los recursos, pero no pueden utilizarlos libremente ni incorporarlos a su patrimonio.
Santo Domingo.– Ante las dudas y cuestionamientos surgidos en torno al manejo de los fondos de pensiones, la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión aclaró que las Administradoras de Fondos de Pensiones no son propietarias del dinero acumulado en las cuentas de los trabajadores dominicanos.
Los recursos pertenecen exclusivamente a los afiliados. Las AFP tienen la responsabilidad de administrar las cuentas e invertir el dinero dentro de las alternativas, condiciones y límites establecidos por la legislación y las autoridades reguladoras.
La aclaración resulta importante porque, con frecuencia, se habla de las inversiones realizadas por las AFP como si estas empresas pudieran disponer de los ahorros previsionales sin restricciones. En realidad, el dinero de los trabajadores debe mantenerse separado del patrimonio de las administradoras y solo puede colocarse en instrumentos previamente autorizados.
¿Quién decide dónde se invierte?
La decisión no depende de una sola institución. La Comisión Clasificadora evalúa cuáles instrumentos financieros cumplen los requisitos para recibir recursos de los fondos de pensiones y establece los límites máximos de inversión.
Dentro de ese universo autorizado, cada AFP analiza y decide en cuáles instrumentos colocar los recursos que administra, conforme a su estrategia, los niveles de riesgo permitidos y las condiciones establecidas por las normas.
Esto significa que la aprobación de un bono, una acción, un fideicomiso o un fondo de inversión no obliga automáticamente a las AFP a invertir. La autorización únicamente declara que el instrumento cumple las condiciones para ser considerado como una alternativa elegible.
Invertir no significa regalar el dinero
Cuando un fondo de pensiones adquiere bonos del Estado, valores empresariales, acciones de oferta pública o participaciones en fideicomisos, el dinero no desaparece ni pasa gratuitamente a manos del emisor.
A cambio de los recursos, el fondo recibe un activo financiero que pasa a formar parte de su patrimonio y que puede producir intereses, dividendos u otras ganancias. Esos rendimientos deben reflejarse en el valor acumulado de las cuentas de los afiliados.
La inversión constituye, por tanto, una parte esencial del sistema de capitalización individual. Si las aportaciones permanecieran inmóviles durante décadas, perderían valor frente a la inflación y serían insuficientes para financiar una pensión adecuada.
Un sistema sometido a controles
Antes de autorizar un instrumento se analizan elementos como la solvencia del emisor, su situación financiera, la clasificación de riesgo, las garantías disponibles, la capacidad de generar ingresos, los estados financieros auditados y el cumplimiento de las regulaciones.
La vigilancia tampoco termina después de realizada la inversión. Las empresas e instituciones que reciben los recursos deben mantener actualizada su información financiera y comunicar cualquier situación capaz de alterar el nivel de riesgo.
La Comisión está integrada por representantes de la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y una representación técnica de los afiliados. Su composición procura evitar que la selección de los instrumentos dependa exclusivamente de las AFP.
La aclaración no elimina la necesidad de transparencia
Que las AFP no sean propietarias de los fondos no significa que el sistema esté exento de cuestionamientos. Los afiliados tienen derecho a saber cuánto dinero poseen, dónde se encuentra invertido, qué rentabilidad está produciendo, cuánto se cobra por administrarlo y qué riesgos asume su patrimonio.
La propiedad del dinero es del trabajador, pero las decisiones cotidianas de inversión son tomadas por entidades que administran enormes volúmenes de recursos. Por esa razón, la supervisión pública, la rendición de cuentas y el acceso a información comprensible deben ser permanentes.
La aclaración institucional despeja una confusión jurídica fundamental: las AFP administran el dinero, pero no son sus dueñas. El reto pendiente es que cada trabajador pueda comprender y verificar cómo se maneja un patrimonio construido con años de aportaciones y destinado a sostener su vida durante la vejez.
