Washington, EE. UU. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 6 de agosto dos nuevas órdenes ejecutivas con las que busca restringir la ciudadanía por nacimiento en determinadas circunstancias, reabriendo una de las batallas constitucionales y migratorias más importantes de su administración.
La nueva ofensiva llega después de que la Corte Suprema rechazara el intento anterior de Trump de limitar ampliamente este derecho. Ahora, la Casa Blanca presenta una estrategia más específica, dirigida principalmente contra el denominado “turismo de maternidad” y otras categorías que considera fuera del alcance de la garantía constitucional.
¿Qué es el “turismo de maternidad”?
Se denomina así a la práctica de mujeres extranjeras que viajan a Estados Unidos con el propósito principal de dar a luz allí para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.
La administración Trump sostiene que alrededor de esta práctica se ha desarrollado una industria que comercializa paquetes de viaje, alojamiento y servicios médicos aprovechando la ciudadanía que tradicionalmente adquieren quienes nacen en territorio estadounidense.
Una de las nuevas órdenes instruye a diferentes agencias federales a reforzar las medidas contra esta actividad. La Casa Blanca argumenta que el objetivo es impedir lo que considera un aprovechamiento indebido del sistema migratorio y de ciudadanía.
¿Quiénes podrían verse afectados?
Las nuevas acciones buscan excluir o restringir el reconocimiento automático de ciudadanía en circunstancias concretas, entre ellas determinados hijos de personas vinculadas a gobiernos extranjeros y de personas consideradas “enemigos extranjeros”. La administración también pretende establecer restricciones relacionadas con los casos que califica como turismo de maternidad.
Sin embargo, firmar una orden ejecutiva no significa que automáticamente todos esos niños hayan dejado de tener derecho a la ciudadanía. La aplicación de las medidas está condicionada por la Constitución, las leyes federales y, previsiblemente, por nuevas impugnaciones ante los tribunales.
Ese detalle es fundamental para entender el alcance de la noticia.
El gran obstáculo: la Enmienda 14
El centro de la controversia continúa siendo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece la ciudadanía para las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción.
Durante más de un siglo, esa disposición ha servido de fundamento para el principio de ciudadanía por nacimiento.
Trump sostiene que la expresión “sujetas a su jurisdicción” permite establecer excepciones más amplias. Sus opositores argumentan que la interpretación presidencial contradice tanto el texto constitucional como décadas de precedentes judiciales.
¿Y Puerto Rico?
La mención de Puerto Rico requiere especial cuidado. Las nuevas medidas no significan que las personas nacidas actualmente en Puerto Rico hayan dejado de ser ciudadanos estadounidenses.
Según los reportes sobre las órdenes, cualquier cambio relacionado con la ciudadanía en territorios estadounidenses que dependa de legislación federal necesitaría actuación del Congreso; no se produce simplemente mediante una orden presidencial.
Por tanto, afirmar que los niños nacidos en Puerto Rico perderán automáticamente la ciudadanía como consecuencia de estos decretos sería incorrecto.
Una batalla que probablemente volverá a los tribunales
El nuevo movimiento de Trump parece diseñado para abrir una vía diferente después del revés sufrido por su intento anterior. En vez de plantear únicamente una restricción general, la administración busca ahora identificar grupos específicos que, según su interpretación, no quedarían protegidos por la cláusula constitucional de ciudadanía.
Pero eso no elimina el conflicto jurídico.
Organizaciones defensoras de derechos civiles y especialistas legales cuestionan que un presidente pueda redefinir mediante órdenes ejecutivas un principio constitucional de esta magnitud, mientras la Casa Blanca sostiene que las nuevas medidas respetan los límites establecidos por la Corte Suprema.
La discusión, por tanto, va mucho más allá del turismo de maternidad. Lo que está nuevamente sobre la mesa es quién tiene autoridad para definir quién es estadounidense al momento de nacer: el presidente mediante el Poder Ejecutivo, el Congreso mediante legislación o, en última instancia, la Constitución interpretada por los tribunales.
