Santo Domingo.– La investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) continúa ampliándose con nuevos allanamientos, arrestos e interrogatorios. Sin embargo, el denominado caso SeNaSa 2.0 comprende varias fases y expedientes relacionados, por lo que no todas las personas mencionadas tienen la misma condición jurídica.
La más reciente operación, denominada Cobra 2.0-A, incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Durante el despliegue fueron detenidas 28 personas, entre ellas médicos, antiguos empleados públicos y representantes del sector farmacéutico.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha divulgado una lista oficial completa con los nombres de todos los detenidos ni ha establecido públicamente cuáles serán sometidos a la justicia.
Imputados en la primera fase
La primera etapa judicializada tiene como principal señalado a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, a quien el Ministerio Público atribuye la dirección de la supuesta estructura.
En esa fase también aparecen:
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Rafael Luis Martínez Hazim
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma Ubiera
- Cinty Acosta Sención
- Heidi Mariela Pineda Perdomo
- Eduardo Read Estrella
La mayoría recibió medidas de coerción de prisión preventiva, mientras que algunos imputados fueron colocados bajo arresto domiciliario por razones de salud u otras circunstancias consideradas por los tribunales.
Otro de los nombres relevantes es Ángel Luis Guzmán Vásquez, antiguo empleado de SeNaSa. De acuerdo con la acusación preliminar, habría tenido acceso a informaciones confidenciales de afiliados y presuntamente coordinaba operaciones con profesionales de la salud.
Nombres conocidos de la nueva operación
Entre las personas identificadas públicamente en la fase Cobra 2.0-A figura Juan Gabriel Rodríguez Revelo, exsubdirector del Hospital Traumatológico Darío Contreras.
También fue mencionado un médico identificado únicamente por el apellido Puriel, señalado en publicaciones periodísticas como especialista en ginecología. Su identidad completa y su condición procesal todavía no han sido comunicadas oficialmente.
Otro de los detenidos fue el ginecólogo Steven Rabassa, en San Pedro de Macorís. El especialista fue posteriormente puesto en libertad luego de ser interrogado. Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre la presentación de una acusación formal en su contra.
Asimismo, fue reportado el arresto de un ortopeda identificado como doctor Díaz Encarnación. Las autoridades no han ofrecido públicamente su nombre completo.
Abogados vinculados al proceso han informado sobre la detención o interrogatorio de al menos siete ortopedas. También se investigan ejecutivos de dos cadenas de farmacias, cirujanos, pediatras y otros especialistas cuyos nombres no han sido revelados.
La presunta operación con los afiliados
Una de las líneas investigativas se concentra en 4,363 autorizaciones de consultas y procedimientos ambulatorios realizadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, por un valor aproximado de RD$41.1 millones.
Según la tesis del Ministerio Público, la estructura habría seleccionado afiliados con escaso uso de los servicios de SeNaSa para solicitar autorizaciones utilizando formularios, diagnósticos, firmas y sellos presuntamente falsificados.
Algunos médicos habrían autorizado o certificado servicios que no fueron prestados. Los investigadores también buscan determinar si parte del dinero pagado por SeNaSa era posteriormente entregado a intermediarios de la supuesta red.
Esta cantidad corresponde solamente a una de las operaciones investigadas. El Ministerio Público calcula que el impacto atribuido al expediente general podría acercarse a los RD$16,000 millones, incluyendo presuntas sobrevaluaciones, dobles facturaciones, pagos por servicios inexistentes y medicamentos que no habrían sido entregados.
Los vinculados a la operación Onco14
El entramado también tiene una línea relacionada con servicios oncológicos, conocida como operación Onco14. En ese expediente figuran:
- Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
- Luisa Yasiris Guzmán, esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
- Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y antigua vicepresidenta y auditora del patronato.
También son mencionadas las entidades Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Las autoridades investigan en esa línea supuestas dobles facturaciones, alteración de documentos, venta de medicamentos donados y cobros por tratamientos que presuntamente fueron suministrados de manera incompleta.
Una lista todavía incompleta
El caso SeNaSa 2.0 permanece en una etapa activa. Por esa razón, la lista de personas relacionadas puede ampliarse cuando el Ministerio Público presente las solicitudes de medidas de coerción y detalle las imputaciones correspondientes.
También será necesario diferenciar entre quienes sean formalmente acusados, aquellos que solamente fueron interrogados y las personas que resulten desvinculadas después de las investigaciones.
Todos los mencionados conservan la presunción de inocencia. Su vinculación a una investigación, detención o interrogatorio no equivale a una condena, y corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales.
